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La iniciativa aportará para su trámite legislativo las certificaciones que ya le había entregado la Registraduría por el número de firmas y otra por la financiación.
DESPUÉS DEL traspiés que sufrió el pasado 28 de mayo en la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley de referendo de cadena perpetua a los abusadores de menores de 14 años, la iniciativa revivirá pues nuevamente será radicada en el Congreso, seguramente esta semana, para subsanar las deficiencias que llevaron a su hundimiento en el alto Tribunal.
Así lo anunció la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien ha sido una de las abanderadas de esta iniciativa que busca reformar el artículo 34 de la Constitución introduciendo la cadena perpetua para delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física o mental.
Esta ley fue declarada inexequible en una votación 6 a 2 con salvamento de voto por parte de la magistrada María Victoria Calle, quien había presentado el 6 de mayo pasado ponencia positiva a la misma.
Igualmente, el 20 de enero de este año, el procurador Alejandro Ordóñez emitió su concepto sobre esta ley, en el que pidió a la Corte declararla exequible.
De esta forma este será el único de los referendos que sus promotores insistirán en sacarlo adelante, de las tres iniciativas que se hundieron entre febrero y abril de este año, como son la ley del referendo para una segunda reelección presidencial y el referendo del agua.
Vicios son subsanables
La senadora Jiménez señaló que “en los próximos días se vuelve a radicar la ley del referendo, estamos trabajando de común acuerdo con el Gobierno Nacional, el señor Presidente de la República apoya ese referendo, me lo expresó personalmente, y esperamos que él nos pueda acompañar a radicar nuevamente la ley del referendo”.
Las razones que expuso la Corte Constitucional para declarar inexequible la ley de referendo de cadena perpetua a los abusadores de menores de 14 años tienen que ver, en primer lugar, conque se dio inicio al trámite legislativo sin la certificación que entrega la Registraduría en cuanto a que se respetaron los topes de financiación.
En segundo lugar porque el Congreso (en Senado) modificó el texto original, pues el mismo señalaba que procederá la pena de prisión perpetua para delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física o mental.
El texto modificado cambió la expresión “procederá” por “se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua…”.
Sin embargo a juicio de la Parlamentaria son subsanables estos aspectos señalados por la Corte como motivo para declarar inexequible la citada ley.
Desde hace meses Jiménez ha tenido en mente radicar nuevamente el proyecto, sin embargo ha estado a la espera de que el alto Tribunal publique el texto del fallo. Ya que esto no ha sucedido hasta la fecha, la Congresista ha decidido radicar de nuevo la iniciativa al considerar que los argumentos expresados por la Corte en su fallo del pasado 28 de mayo son suficientemente claros para insistir en que vuelva a hacer su trámite legislativo.
“Con lo que ya salió es suficientemente clara en lo que pasó. La Corte dice que en el trámite de la ley se cometieron dos errores: el hecho de no haber radicado un certificado de la Registraduría, que nosotros radicamos después, que el de las platas. Y que en el Congreso le incorporaron unos cambios al texto, entonces quedó claro que el Congreso no le puede hacer cambios a los textos de los referendos de iniciativa popular, y como el certificado lo tenemos, lo que procede inmediatamente es volver a radicar la ley del referendo”, indicó la Parlamentaria del Partido Verde.
Al explicar el fallo en mayo pasado, el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, destacó que este referendo requirió sólo 30 millones de pesos para el proceso de consecución de firmas, a pesar de que el tope establecido para esta clase de iniciativas es de 334 millones de pesos.
En tanto que desde 2008 los promotores de este referendo obtuvieron en diferentes regiones del país más de 1,8 millones de firmas que lo apoyaron.
En ese sentido otro de los propósitos de Jiménez es no perder ese esfuerzo en la consecución de estos respaldos. “Es que lo que vamos a intentar es no tener que volver a conseguir las firmas en tanto que la recolección de las mismas no tuvo ningún problema, todo lo contrario, es que el presidente de la Corte Constitucional (Mauricio González Cuervo) señaló esa recolección de firmas como ejemplar. Lo que nos señala a nosotros, y hay jurisprudencia sobre la materia, es que cuando una ley se cae por vicios de trámite, subsanados esos vicios de trámite, la ley puede volver a ser sancionada. La Corte no hizo ninguna consideración ni ninguna reflexión de fondo sobre el objeto del referendo, pues no corresponde hacerla, hizo fue la revisión del trámite de la ley”, apuntilló la Senadora.
Los otros referendos
El 26 de febrero anterior, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que convocaba a un referendo para consultar al pueblo sí aprobaba o no una segunda reelección presidencial inmediata, que de triunfar el Sí, el único que se podría favorecer en ese momento era el entonces presidente Álvaro Uribe.
El fallo del alto Tribunal se fundamentó en vicios de procedibilidad en la etapa de recolección de las firmas así como en el trámite que tuvo la iniciativa en el Congreso.
En cuanto al proceso de recogida de firmas, la Corte encontró una serie de irregularidades como la violación al tope establecido para la financiación de este proceso; mientras que en el trámite legislativo concluyó que el Congreso excedió las limitaciones que le impone el principio de democracia participativa al modificar el texto original.
Mientras que el referendo para hacer que el acceso al agua fuera un derecho fundamental se ahogó en el trámite legislativo, pues finalmente la plenaria de la Cámara no alcanzó en junio pasado la votación suficiente para aprobar o rechazar la ponencia que pedía regresar al texto original, el cual fue modificado en la Comisión Primera de Cámara, que eliminó el derecho humano al agua y la desprivatización del servicio de acueducto, entre otras modificaciones.
Ya antes el comité promotor de la iniciativa había presentado una apelación contra las modificaciones al texto, lo que fue aceptado por la plenaria de la Corporación, que envió el texto a la Comisión V de Cámara para que iniciara el trámite nuevamente
La norma fue demandada porque probablemente viola los derechos de las víctimas al limitar su participación en los procesos donde es aplicado el beneficio.
A LA expectativa se encuentran la Fiscalía y los sujetos procesales que podrían ser objeto del beneficio de la no aplicación de una pena a cambio de colaboración total con la justicia, por cuenta del examen constitucional que seguirá haciendo mañana la Sala Plena de la Corte Constitucional de la ley que contempla el principio de oportunidad.
Además, este asunto tiene especial relevancia, pues actualmente un juez de la República avaló el principio al que llegaron la ex directora de operaciones del DAS, Marta Inés Leal y la Fiscalía para revelar los autores intelectuales de las chuzadas.
El análisis de dicha norma había sido aplazado desde la semana pasada por el alto Tribunal. La demanda en contra de la ley 1312 de 2009 argumenta, entre otros detalles, una presunta violación a los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación, debido a una limitada participación de éstas en el principio de oportunidad.
Los demandantes de la ley, argumentan que en el caso de aplicarse el principio de oportunidad a desmovilizados de un grupo armado organizado al margen de la ley, se trataría de una amnistía encubierta y, en tanto tal, vulnera también los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, al privarlas de un proceso en el que puedan participar.
No “exige la identificación del victimario ni supone la existencia de un proceso penal en el cual la víctima pueda hacer valer sus derechos y peor aún prevé audiencias colectivas para aplicar el principio de oportunidad sin garantizar la participación de las víctimas”, dice la demanda.
En concepto rendido el pasado 12 de julio, el procurador Alejandro Ordóñez le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional no acoger la solicitud de la demanda, respecto a la presunta vulneración de las víctimas.
Según el jefe del Ministerio Público, como el principio de oportunidad, en el caso de los desmovilizados, se otorga con base sólo en el delito de concierto para delinquir agravado, éste no genera víctimas directas, dado que es un delito “en el cual incurren los desmovilizados por el mero hecho de haber pertenecido al grupo al margen de la ley”.
“En cuanto a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, para que pueda llegar a considerarse su vulneración, es menester establecer un supuesto lógico insoslayable: la existencia de víctimas. Las víctimas de un delito no se pueden suponer o presumir, deben existir. En delitos como los que se estudia, es muy difícil establecer la existencia de víctimas. En efecto, ¿quién sería o podría ser víctima”, se pregunta Ordóñez en su concepto, “del mero concierto para delinquir que no se concreta en hechos tangibles?”.
Sin embargo, Ordóñez expone en su concepto que cuando bajo el amparo de la aplicación del principio de oportunidad se pretende esconder otros delitos, “situación que, como se ha dicho, hace inaplicable el principio de oportunidad, es evidente que sí se puede afectar los derechos de las víctimas de dichos delitos”. Para el jefe del Ministerio Público, “las víctimas, pues, no son las de los delitos respecto de los cuales se aplica el principio de oportunidad, sino de otros delitos que pueden quedar impunes merced a una falsa declaración del desmovilizado y a una ineficiente tarea investigativa del Estado”.
Ahora le corresponderá a la alta Corte decidir si acoge los argumentos de la Procuraduría o los de la demanda de la ley.
Si Santos sanciona la Convención, el país se comprometería a incluir este delito entre los susceptibles de extradición, entre otros puntos
POR 88 votos a favor y ninguno en contra, ayer la Plenaria de la Cámara aprobó la adhesión de Colombia a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas, adoptada en 2006 por las Naciones Unidas.
Esta aprobación, tras haber recibido previamente el visto bueno del Senado, supondrá, de ser ratificada por el presidente Juan Manuel Santos, la entrada en vigor de la Convención, ya que de los 19 signatarios solo faltaba un país para hacerla efectiva.
Para Colombia como Estado parte esta adhesión le implica, entre otros, que “nadie será sometido a una desaparición forzada. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”.
Igualmente “los Estados partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada entre los delitos susceptibles de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí con posterioridad”.
Al respecto, el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, dijo que “esta Convención es un instrumento novedoso, yo diría revolucionario en materia de protección de derechos humanos. Es el primer tratado internacional que consagra oficialmente los derechos a la justicia y la reparación de las víctimas. Igualmente crea un comité internacional ante el cual pueden presentar quejas los familiares de víctimas de desaparición forzada”.
Por su parte el director del Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), Marcos Romero, señaló que “fundamentalmente la Convención fortalece la ley que Colombia ya ha votado sobre desaparición forzada, en las cuales se establece que la desaparición es un delito de lesa humanidad y que por lo tanto es imprescriptible, es decir que la investigación puede abrirse en cualquier momento y que no importa el paso del tiempo para que el Estado asuma las investigaciones”.
Ley de víctimas
El pasado 27 de septiembre el Gobierno radicó la ley para reparar a las víctimas de la violencia, iniciativa que está a la espera de ponencia para primer debate tras ser acumulada con el proyecto de restitución de tierras.
La adhesión de Colombia a esta Convención implicaría hacer algunos cambios en el proyecto de víctimas para que esté a tono con esta norma internacional.
Así lo consideró el legislador Iván Cepeda, quien dijo que la ley de víctimas tiene profundas carencias y en algunos casos disposiciones que significan un retroceso para los derechos de las víctimas.
En consecuencia, añadió, hoy el Polo Democrático dirigirá una misiva al Gobierno Nacional solicitándole que la ley de víctimas sea ajustada.
Por su parte, Marcos Romero dijo que en Colombia opera lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, que quiere decir que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que suscriba el país hacen parte de la Carta Magna y lo que creo “es que cada vez más la ley de víctimas va a tener que orientarse hacia reconocer los estándares internacionales de reparación”.
Una subcomisión para que analice el texto del proyecto de ley que contempla garantizar los derechos civiles y patrimoniales a las parejas del mismo sexo, de autoría de la senadora Piedad Córdoba, fue creada por la Comisión Primera del Senado ayer, después de que fueran presentadas algunas objeciones durante el debate.
Los reparos hacen referencia a la interpretación y alcances del texto. El senador del Partido de la U Juan Carlos Vélez Uribe manifestó que el artículo sobre la garantía de los derechos civiles, patrimoniales, penales y demás para las parejas homosexuales, como no precisa dichos derechos específicos, se podría interpretar en el sentido que dichas parejas tendrían también el derecho a la adopción.
Además, según el Senador, al aceptar las uniones de parejas del mismo sexo en el proyecto, se estaría aprobando el matrimonio gay. Estas preocupaciones también fueron expuestas por el senador liberal Luis Fernando Velasco.
Sin embargo, el ponente, el senador del Polo Democrático Iván Moreno Rojas, manifestó que el objetivo del proyecto es cumplir con el dictamen de la Corte Constitucional, donde ampara los derechos civiles y patrimoniales de las parejas homosexuales, aunque aceptó que podrían hacer algunos ajustes al texto.
En consecuencia, la Subcomisión, de la cual hacen parte legisladores de las distintas bancadas, examinará el texto y lo ajustará, para evitar ambivalencias en la interpretación del mismo.
De otro lado, el senador conservador Roberto Gerlein Echavarría también criticó la iniciativa, argumentando objeciones religiosas y morales.
No obstante, tanto el Polo Democrático como el Partido Liberal manifestaron su apoyo al proyecto. De igual manera, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, aseguró que lo respaldaría, siempre y cuando no dé vía libre al matrimonio gay ni a la adopción.
Serían destinados 4 billones de pesos para hacer posible la iniciativa. Sin embargo, el representante del Polo Iván Cepeda manifestó que los recursos no alcanzarán.
CLARO Y despejado es el camino que le resta al proyecto de Ley de Víctimas en su trámite en el Congreso, fue la conclusión a la que llegaron varios representantes de la Comisión Primera de la Cámara después de asistir a una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos, donde discutieron el futuro de la iniciativa.
Y es que uno de los reparos que habían presentado, entre otras, la bancada conservadora después de un encuentro con el ex presidente Álvaro Uribe, era su inconveniencia por los elevados costos que traería su aplicación, al igual que la inclusión de víctimas de agentes del Estado.
Pues bien, al parecer ayer estos dos inconvenientes quedaron subsanados después del consenso que hubo en Casa de Nariño. Así lo dio a conocer el representante liberal Guillermo Rivera, quien señaló que el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry hizo claridad en que la reparación administrativa costará en 15 años máximo 40 billones de pesos y que cada persona recibiría un tope máximo de 40 millones de pesos.
"No todas las víctimas van a exigir la reclamación. Eso significa que la ley va a costar menos que eso", aseguró el parlamentario.
Además Rivera, quien es el ponente del proyecto de ley, explicó que en la reunión con el presidente Santos hicieron claridad en el sentido de que para la reparación de víctimas de los agentes del Estado no harán modificaciones.
De igual manera, otro parte de tranquilidad sobre la iniciativa que busca reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano, lo dio el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Berner Zambrano, quien manifestó que para esta iniciativa "no hay opositores" y que "existe consenso" en dicha célula legislativa, después que se llegara a un consenso entre la bancada conservadora y la liberal, y a pesar que el representante del Polo Democrático Iván Cepeda se mostrara preocupado por los escasos recursos que serían destinados para la reparación integral.
Sin embargo, Zambrano indicó que durante los debates que tendrá el proyecto, estudiarán los puntos en contra que tiene el Polo, sobre todo los que tienen que ver con el monto total de su reparación.
“Quedaría que se siguieran recogiendo opiniones del partido de oposición e incluirlas en el proyecto para garantizar la sostenibilidad del proyecto”, expuso el representante.
Según el representante Cepeda, “en términos de reparación dicen que van a dar 44 billones, pero cuando leemos con atención sólo 33 van a ser para asistencia. Entonces van a haber en 10 años 1 billón de pesos para las víctimas”.
En cuanto al trámite de la iniciativa, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara afirmó que será expedito, ya que también deben estudiar otros proyectos de importancia para el Gobierno, tal como el de regalías y la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión.
También trascendió que la ponencia sería presentada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el próximo 26 de octubre y al día siguiente iniciarían su debate. Así mismo, a partir de mañana se llevará a cabo la audiencia pública sobre el proyecto de Ley de Restitución de Tierras.
El magistrado Jaime Arrubla sostuvo que el pretexto para convocar la respectiva figura sería con el ánimo de “enterrar” los procesos de la parapolítica
UN RECHAZO rotundo a la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia dio el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla.
Según el magistrado, el pretexto para convocar la Constituyente sería el de acabar con los procesos de la parapolítica. “Una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia es inconveniente y no se sabe si lo que busca es enterrar la parapolítica”, dijo Arrubla desde Santa Marta, donde se lleva a cabo el XIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria.
Hay que recordar que desde hace un mes el proceso de parapolítica recobró un nuevo aire con varias capturas, entre las que se encuentran la del senador Javier Cáceres, de Cambio Radical, y con más condenas.
Arubla aprovechó la ocasión para lanzar más críticas al proyecto de reforma a la justicia, cuya discusión fue aplazada para el 2011.
El magistrado criticó el aspecto de que las providencias judiciales proferidas por la Corte Suprema pudieran ser revisadas por la Corte Constitucional, por vía de tutela.
Según Arrubla, por ser el órgano de cierre de la justicia ordinaria penal, sus fallos no pueden impugnados ante ningún otro tribunal.
La semana pasada el presidente del Congreso, Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), había dicho que en esta legislatura no se tramitaría una ley que convocara una Constituyente para reformar la justicia, tal como se había ventilado en algunos medios de comunicación.
“No le jalamos a la Asamblea Constituyente ni como partido ni como presidente del Congreso, lo puedo decir de forma categórica y seria”, sostuvo Benedetti.
Sin embargo, el senador Juan Lozano, presidente de La U, no descartó del todo la propuesta, pero afirmó que para esta legislatura estaría descartada: “La agenda prioritaria no será alterada con la discusión, en esta legislatura, del tema de la Asamblea Constituyente”. Y subrayó que su partido “no va a incorporar la discusión de la Asamblea Constituyente” en “esta legislatura”.
Según el Ministerio Público, la disminución de la edad no contribuiría a nada distinto que trasladar la problemática del infractor juvenil a una franja menor
NO PARAN las críticas contra la propuesta de bajar la edad para la responsabilidad penal, entre otros temas, que contempla el proyecto de ley de la seguridad ciudadana, radicado hace una semana en el Congreso por el Gobierno.
Ayer, la Procuraduría se opuso al sistema de responsabilidad penal para los adolescentes entre 16 y 18 años, propuesto en la iniciativa gubernamental.
Según el Ministerio Público, la disminución de la edad penal no contribuiría a nada distinto que trasladar la problemática del infractor juvenil a una franja inferior. “Concebir un Sistema de Justicia Juvenil sin justicia restaurativa y sin la finalidad de la reintegración social para los adolescentes, es cercenar toda posibilidad de eficacia a este Sistema”, sostiene el ente de control.
Respecto del juzgamiento de los adolescentes como si fueran adultos, la entidad señaló que es una opción que está en contravía de la Convención de los Derechos del Niño, que demanda un tratamiento diferencial para esta población debido a su minoría de edad.
La Procuraduría consideró que se está presentando la seguridad ciudadana como un propósito de ejecución imposible, si al mismo tiempo se propugna por la protección de los derechos de los adolescentes.
“Esta postura desconoce flagrantemente el Principio del Interés Superior, de exclusiva aplicación del Derecho de Infancia y Adolescencia, que marca una diferencia sustancial con el Derecho Penal y el Sistema de Enjuiciamiento Criminal diseñado para adultos, y desconoce además la protección integral y la prevalencia de los derechos de los menores de edad”, dice en un comunicado el Ministerio Público.
En cuanto a la aplicación de la sanción penal a los adolescentes tomando en consideración la gravedad del delito cometido, la entidad señaló que desconoce que el Código de la Infancia y la Adolescencia imponen la adopción de un sistema de sanciones distinto al previsto para los adultos.
“Para el Ministerio Público, este es un Sistema de Justicia y por lo tanto debe garantizarse su estructura y funcionamiento como tal, donde el competente para hacer seguimiento a las sanciones impuestas a los adolescentes, debe ser un juez especializado en infancia y adolescencia”, dijo la Procuraduría.
La iniciativa de seguridad ciudadana contempla aumentar a 12 años las penas privativas de la libertad a los adolescentes que sean judicializados.
Aunque se habían citado para intentar la elección, los magistrados se dedicaron a buscar fórmulas que desentraben el proceso para reemplazar a Mario Iguarán.
EN LA que se ha catalogado como la última semana posible para que la Corte Suprema elija Fiscal General, antes de que el quórum de su Sala Plena se vea afectado por la salida de tres magistrados, a quienes se les cumple el período, ayer tampoco hubo humo blanco y el tiempo empieza a jugar en contra del alto tribunal.
El presidente encargado de la Corte, Jaime Arrubla, explicó que el alto tribunal estudia formulas para destrabar la elección de Fiscal General.
Arrubla sostuvo que los magistrados admiten que se han dado muchas votaciones sin ningún resultado y por eso hoy no hubo votación para ninguno de los integrantes de la Terna.
El magistrado Arrubla dijo que analizan el reglamento para estudiar la posibilidad de reformarlo y por eso se convocó a una sala ordinaria, escenario natural para poder hacer una modificación.
Agregó que el hecho de no haber votado para elegir al nuevo Fiscal en la sala número 23, no quiere decir que no lo vuelvan a hacer.
Intentos fallidos
Después de 14 meses, ninguno de los ternados ha alcanzado los 16 votos posibles para poder reemplazar el cargo que dejó Mario Iguarán. Y es que las cosas se empezaron a complicar al interior de la Sala Plena de la Corte Suprema, desde la semana anterior, cuando dos magistrados de la Sala Penal, Alfredo Gómez y José Leonidas Bustos salieron del país para asistir a una capacitación en la Escuela Judicial de Barcelona, durante tres meses.
De esta manera, de los 23 magistrados que componen el alto Tribunal, actualmente quedan 20, lo que dificulta aún más las respectivas votaciones, entre ellas la del Fiscal General.
Además, por este mismo hecho, ayer la alta Corte tampoco pudo modificar su reglamento interno para así pasar de una mayoría calificada a una mayoría simple, de 12 magistrados, y así hacer más ágil las respectivas elecciones.
De hecho, en la última Sala Plena que se llevó a cabo el jueves de la semana pasada, se intentó también, sin éxito, modificar el estatuto interno, para destrabar el proceso de elección del fiscal. En esa Sala hubo tensión al interior de la corporación judicial, debido a que el magistrado de la Sala Civil, William Namen, presentó su renuncia la cual no fue aceptada, por el desgaste en el que se ha visto avocada la alta Corte con tantas votaciones sin fortuna.
Retiros
El próximo primero de octubre se retira por vencimiento del período el magistrado de la Sala de Casación Laboral, Luis Javier Osorio, y dos de los magistrados que han tenido enfrentamientos y líos jurídicos con el ex presidente Álvaro Uribe, los magistrados Yesid Ramírez y César Julio Valencia, de las salas de Casación Penal y Civil, respectivamente.
De igual manera, el magistrado de la Sala Laboral, Eduardo López, culmina su período el primero de noviembre del presente año. Normalmente la Sala Plena de la Corte está integrada por 23 magistrados, pero con la ausencia de estos seis magistrados en el próximo mes, incluyendo la vacante que dejó la magistrada Isaura Vargas desde hace ya más de un año en la Sala Laboral, el quórum se reduciría a sólo 16 jueces.
EL NUEVO proyecto de ley de víctimas será radicado este mañana a las 11, cuando el presidente Juan Manuel Santos lo lleve personalmente hasta la secretaría de la Cámara.
Así lo precisó en las últimas horas el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas.
En el acto”, que se realizará en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, “van a intervenir víctimas muy destacadas de la comunidad internacional, que vendrán al país para participar de este evento”, explicó Vargas. Serán unas 20 personas, víctimas de deferentes actos terroristas y de guerra, que van desde afectados por en tragedias como la caída de las torres gemelas en 2001 hasta sobrevivientes del genocidio de Ruanda en 1994.
“Lo harán también víctimas de organizaciones ilegales”, adelantó Vargas, tanto guerrilla como paramilitares, así como de agentes del Estado; también “han sido invitados los voceros más destacados de las organizaciones de víctimas”.
Iniciativa liberal
“La que fue una iniciativa del Partido Liberal hoy es una iniciativa del Gobierno y estamos muy contentos de que el Gobierno le de esta presentación nacional e internacional a la ley de víctimas”, manifestó el ex ministro Rafael Pardo, director de esa colectividad, al conocer los detalles de lo que hará hoy.
Al día siguiente de su triunfo en la segunda vuelta, EL NUEVO SIGLO le preguntó directamente a Santos sobre el interés de Pardo de darle prioridad al “reconocimiento y reparación a las víctimas”, a lo que el mandatario relató cómo ese diálogo ya iba muy adelantado: “Los equipos han venido trabajando. Se han puesto de acuerdo en la mayor parte de los puntos. Nos queda un trabajo por hacer”, afirmó, para expresar que ese mismo día les pidió acelerar el desarrollo de la iniciativa, para que “esos puntos estén dentro de este acuerdo” y “poder anunciar que Partido Liberal ingresa al gran acuerdo de unidad nacional”, lo que en efecto ocurrió.
Como se recordará, una ley de víctimas promovida por el Partido Liberal, particularmente por el senador Juan Fernando Cristo y el representante Guillermo Rivera, se hundió en la legislatura pasada por instrucciones dadas directamente desde la Casa de Nariño a la bancada del Gobierno.
Peros conservadores
En las últimas semanas el Partido Conservador ha expuesto sus reservas frente al proyecto que será radicado hoy.
“¿Qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa que los familiares de los terroristas de las Farc o del Eln pretendan presentarse ante el Estado colombiano a reclamar indemnizaciones por la muerte de sus familiares. En la reunión en la que participamos, se nos ofreció redactar unas cláusulas de salvaguardia, pero todavía esas cláusulas no las conocemos”, le declaró a este Diario el ex canciller Fernando Araújo, presidente del Directorio Nacional Conservador.
“El otro tema que nos preocupa es el valor fiscal de la ley de víctimas. Fíjese en que las cifras que se mencionan, se habla de unos 4 millones de víctimas, incluyendo a los desplazados. Se habla de indemnizaciones de hasta 20 millones de pesos por víctima. Si uno multiplica 20 por 4 llegamos a la cifra de 80 billones de pesos. ¿De donde vamos a sacar esa plata?”, planteó Araújo.
Sobre los reparos de los conservadores, el Pardo le dijo a este Diario que, por una parte, “es evidente que cualquier norma tiene un costo”, pero que es “el propio gobierno es el que define el tope presupuestal y el tope de tiempo en que se puede realizar la reparación”; y por otra, que “una víctima es una víctima por los hechos que sufrió y no en función de quien los ocasionó” y recordó que en la ley de Justicia y Paz se reconoce que, según citó el dirigente liberal, “la condición de víctima es independiente de la condición del victimario y por supuesto de la condena judicial del victimario”.
En todo caso, la controversia sembró un manto de duda acerca de si se trataba de preparar el camino para volver a hundir la iniciativa. “Yo creo que en la medida que el Gobierno esté comprometido, como en efecto lo está, es muy difícil que este proyecto se hunda. Yo creo que este proyecto va a salir adelante”, le aseguró a este Diario el representante Rivera.
ABC del proyecto
Definición de víctimas
Se incluye a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Es decir, a las víctimas de las guerrillas, los grupos paramilitares y los agentes del Estado, que tendrán derecho a solicitar a un Comité de Reparaciones Administrativas su reconocimiento como víctima
Tierras
El proyecto de ley intenta reconocer que los bienes de una víctima pueden haber sido afectados por despojo (apropiación ilegal), pérdida, menoscabo y despatrimonialización y por tanto, se debe reconocer el derecho a la restitución. Le corresponderá al victimario probar la legalidad de los actos jurídicos. El proyecto de restitución ya radicado en la Cámara; se acumulará al proyecto de reparación integral de las víctimas.
Cumplimiento
Se contemplan disposiciones sobre los deberes y las sanciones a los funcionarios públicos en relación con los derechos de las víctimas.
Niños y adolescentes
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al restablecimiento de sus derechos de prestación y de protección de acuerdo con las normas especiales vigentes para ellos, incluso para las situaciones de violencia, secuestro, reclutamiento, desplazamiento forzado y atentados con minas.
También tienen derecho a que se les adelanten los trámites de reparación por vía administrativa y a un proceso judicial que sancione a los perpetradores identificados o indefinidos de los delitos de reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado que haya afectado niños y niñas desde el 1 de enero de 1991.
El proyecto contempla la situación de niños que han abandonado las armas o que han sido desplazados forzadamente. Ellos tendrán derecho a ser reintegrados social y económicamente en sus ámbitos familiares, comunitarios y sociales.
Los niños y niñas que hayan quedado huérfanos de padre y madre o de uno solo de ellos, deberán ser notificados al ICBF para que por intermedio de un Defensor de Familia puedan reclamar los recursos que les corresponden por ser víctimas.
Los niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonales tendrán derecho a recibir de manera gratuita y permanente por parte del Estado y las Empresas Promotoras de Salud, tratamientos médicos, prótesis, órtesis y asistencia psicológica para su plena rehabilitación.
Derechos a información
Información de asesoría y apoyo. Las autoridades deberán brindar a la víctima o su representante toda la información necesaria sobre aspectos jurídicos básicos, asistenciales, terapéuticos y otros.
Comunicación
Las autoridades deberán comunicar sobre el inicio, desarrollo y terminación del proceso penal. También sobre las instancias y recursos judiciales. Los avances y principales eventos que ocurran dentro del proceso deberán ser comunicados por escrito o por medio electrónico.
Violencia sexual
Tratamiento especial en casos de violencia sexual: Se dispone de un conjunto de directrices para evitar que los prejuicios sexuales y de género lleven a suponer que la víctima propició o aceptó la violencia sexual.
Reserva
Se proponen la declaración a puerta cerrada, el testimonio por medio de audio o video, la reserva de identidad mediante la asignación de un seudónimo o una clave o la utilización de medios técnicos para alterar la voz y la imagen. También se incluyen medidas que faciliten la declaración de personas traumatizadas, niños y niñas, adultos mayores y las víctimas de violencia sexual. Estas medidas se complementan con los programas de protección y la presencia de personal especializado en situaciones traumáticas.
Gastos proesales
Se crea un programa orientado a pagar los gastos en que incurran las víctimas por su participación legítima en los procesos penales. Se tendrán en cuenta gastos de traslado, alojamiento y manutención.
Al Acto Legislativo le quedan siete debates en los que continuará siendo transformado. La controversia gira en torno a porcentajes.
CON 14 votos a favor pasó su primer debate el Acto Legislativo que reforma el Régimen de Regalías.
En la Comisión Primera, que ante la ausencia del senador Javier Cáceres, de Cambio Radical, por la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema, está por ahora integrada por 18 congresistas, votaron en contra del proyecto los miembros del Polo Democrático Iván Moreno y Luis Carlos Avellaneda y dejaron de hacerlo dos legisladores conservadores: Roberto Gerlein por enfermedad y Hernán Andrade por pertenecer a una región, el Huila, que sería afectada por la iniciativa.
División
En el debate le salieron nuevos peros al proyecto. Hace ya un par de semanas un congresista, alto directivo de una de las cámaras, al hablar del compromiso de la bancada de Unidad Nacional en la aprobación de todos los proyectos de la coalición, le aseguró a los medios que la reforma a las regalías sería aprobada… pero no como la proyectó el Gobierno.
El coordinador de ponentes Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le explicó a este Diario los cambios que tuvo el proyecto: “Eliminamos los porcentajes para dejárselos a la ley.
Protegemos la Cormagdalena, para dejársela también a la ley. Introducimos elementos de protección ambiental y de las fuentes de agua. Garantizamos que los rendimientos financieros del Fondo de Ahorro también vayan a las regiones. Y autorizamos al Gobierno Nacional para que establezca una normatividad transitoria mientras el Congreso aprueba la ley que desarrolla este proyecto”.
Según el senador vallecaucano, él había propuesto que el tope de los porcentajes para el Fondo de Ahorro y Estabilización Regional no sobrepasaran el 30 por ciento de los recursos del Sistema General de Regalías.
“La equidad regional que ese proyecto va a construir está basada en la premisa de que las riquezas de Colombia son de todos los colombianos”, dijo Barreras en la Comisión Primera.
Inconformes
Sin embargo, Barreras fue rápidamente refutado. El senador Andrade, del Partido Conservador, manifestó que con el actual proyecto de Acto Legislativo, las regalías no van a ser repartidas equitativamente ni se van a resolver todos los problemas que padecen las regiones.
“Ministros, suban el porcentaje destinado de las regalías a los departamentos”, les pidió Andrade a los ministros de Hacienda y Minas, Juan Carlos Echeverry y Carlos Rodado, presentes en recinto. El congresista manifestó que así como está la iniciativa regiones como el Meta, que recibe actualmente 480 mil millones de pesos por concepto de regalías, recibiría sólo 80 mil millones.
El senador magdalenense José David Name, de La U, criticó la intervención que quiere hacer el Gobierno de Cormagdalena. Según el legislador, el proyecto reformatorio del Sistema Nacional de Regalías suprime los recursos que se le destinan a Cormagdalena y prácticamente firma la sentencia de desaparición de la Corporación para el Desarrollo del Río Grande de la Magdalena, creada por la Constitución de 1991.
La senadora llanera Maritza Rodríguez, también de La U, se unió a las críticas al proyecto porque despojaría de los recursos a las regiones productoras hasta en un 80 por ciento: “Si hay un incremento importante en la producción, la vamos a compartir; pero no aceptamos que nos expongan acá unos supuestos que no son reales. El senador Roy dice que las regiones productoras no van a ser despojadas de sus recursos, pero por supuesto que vamos a ser despojados del 80 por ciento de nuestros ingresos”.
EL PROCESO de concertación que está realizando el Gobierno en torno a la reforma a la justicia fue destacado ayer por voceros de los partidos políticos, incluyendo las colectividades que no hacen parte de la coalición de unidad nacional.
Voceros de las organizaciones políticas se manifestaron ayer en el marco del segundo día de la Mesa de Justicia, la cual fue precedida por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas.
El funcionario resaltó la participación activa de los representantes de los partidos y movimientos políticos durante la jornada, anotando que “es deber de todos no sólo venir a la mesa sino expresar y materializar esa idea en la asignación que finalmente se apruebe para la rama”.
Mientras el senador Juan Lozano, presidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U), celebró la postura de no presionar o precipitar una decisión para la justicia colombiana; el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, indicó que su colectividad brindará el apoyo en lo estricto y en las propuestas que se compartan.
Luego que el senador Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, ponderara la iniciativa de la reforma a la justicia presentada por el Gobierno Nacional, el representante Germán Varón, co director de Cambio Radical, resaltó la importancia de que la rama tenga un presupuesto autónomo, que le permita implementar las reformas para que la justicia sea más cercana a la gente.
El Partido Liberal, por boca del senador Jesús Ignacio García, advirtió que la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura puede traer problemas al futuro de la justicia disciplinaria, en tanto que el Polo Democrático, a través del ex magistrado Rodolfo Arango, anunció que ve con buenos ojos que haya un debate público de la reforma.
El senador Carlos Alberto Baena, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), reconoció que la propuesta de crear un Consejo Superior de la Justicia que maneje la parte administrativa y financiera “es una opción, pero quitarle al Consejo Superior de la Judicatura la facultad de juzgamiento es riesgoso para el Estado”.
Por el Partido de Integración Nacional (PIN) intervino su presidente Alirio Moreno para invitar a reflexionar sobre el contenido de la propuesta presentada por el Gobierno Nacional y señalar que es indispensable que la justicia funcione y que el Código Civil debe ser adecuado a la contemporaneidad colombiana.
Santos afirmó que cambios en normatividad penal y de política criminal son necesarias para enfrentar con mayor contundencia a los delincuentes.
UN PROYECTO para realizar cambios en la normatividad penal y de política criminal será presentado en los próximos días al Congreso por el Gobierno Nacional anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos.
“Lo que sí no da espera son los cambios en la normatividad penal y de política criminal que nos permitan afrontar con mayor contundencia la delincuencia en los centros urbanos y en todo el país, los cuales presentaremos al Congreso en los próximos días”, señaló Santos en su discurso de instalación de la Mesa de la Justicia, en Bogotá.
El presidente Santos señaló que el Gobierno Nacional tiene el firme propósito de presentar al Congreso una reforma a la justicia bien hecha, precisando que el proyecto con base en el cual se concertará con las Cortes no es improvisado, sino que es producto de años de trabajo, observación y consultas; pero también anotó que si la Mesa de Justicia considera que la iniciativa requiere de más tiempo, el Gobierno pospondría su presentación para el segundo período de la actual legislatura del Congreso: “Nuestro deseo es presentar la reforma en pocos días, pero si los argumentos y la prudencia aconsejaran hacerlo en el primer semestre del próximo año, estamos abiertos a esa opción”.
Ayer temprano, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, había manifestado que dependiendo de lo ocurra hasta mañana, “reuniremos a la mesa de la unidad nacional y tomaremos una decisión, de si avanzamos este semestre en la radicación o no. Para evitar pérdida de tiempo, si no hay un consenso sobre el contenido en la reforma, pensaríamos en no radicarla sino hasta marzo”.
Como lo habíamos anticipado, ayer la Corte Suprema de Justicia devolvió al Consejo Superior de la Judicatura las cuatro listas de aspirantes para suceder a igual número de magistrados, quienes abandonan la Corte por vencimiento de términos, por considerar que no atienden la Ley de Cuotas con la participación de por lo menos el 30 por ciento de mujeres.
Cada una de las listas está integrada por 15 aspirantes, lo que implicaría que en cada una de las mismas haya por lo menos cinco mujeres.
Los magistrados que deben ser reemplazados por el vencimiento de su período este 1º de octubre son Javier Osorio, de la Sala de Casación Laboral, así como los ex presidentes de la Corte Suprema Yesid Ramírez y César Julio Valencia, de la Sala de Casación Penal y Civil, respectivamente.
El cuarto magistrado a reemplazar es Eduardo López, de la Sala Laboral, quien culmina su período el 1º de noviembre venidero.
Este hecho podría complicar aún más la elección del Fiscal General, de no elegirse antes del 1º octubre los reemplazos de los magistrados que se les vence el período en esa fecha, pues además a mediados del mismo mes, tres magistrados irán al extranjero a capacitarse.
Es decir que si la Corte Suprema no logra la elección a tiempo de las listas de aspirantes que le remita el Consejo Superior de la Judicatura, podría presentarse la situación que a mediados de octubre solo haya 16 magistrados de los 23 con que cuenta la Corte Suprema, teniendo en cuenta también que el Alto Tribunal no ha podido en sus votaciones llenar la vacante que dejó hace meses la magistrada Isaura Vargas. Para la elección del Fiscal General se necesita una mayoría calificada de 16 votos.
El presidente del Directorio Nacional Conservador insistió en que la preocupación por la reparación a afectados por agentes del Estado y la financiación de las indemnizaciones
LOS PEROS expuestos por el Partido Conservador frente a la ley de víctimas aún no han sido resueltos satisfactoriamente, le precisó ayer a este Diario el presidente de la colectividad, el ex canciller Fernando Araújo.
El martes pasado, cuando los ministros de Agricultura y del Interior, Juan Camilo Restrepo y Germán Vargas, radicaron la ley de tierras, se indicó que hoy se podría hacer lo mismo con la de víctimas.
ENS: Los reparos presentados por los conservadores sobre la ley de víctimas, ¿han sido resueltos?
FERNANDO ARAÚJO: Nosotros no hemos recibido los elementos adicionales de la ley de víctimas que el gobierno se comprometió a presentar para atender las solicitudes del Partido Conservador.
¿Qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa que los familiares de los terroristas de las Farc o del Eln pretendan presentarse ante el Estado colombiano a reclamar indemnizaciones por la muerte de sus familiares. En la reunión en la que participamos, se nos ofreció redactar unas cláusulas de salvaguardia, pero todavía esas cláusulas no las conocemos.
ENS: También está el tema fiscal.
FA: Sí. El otro tema que nos preocupa es el valor fiscal de la ley de víctimas. Fíjese en que las cifras que se mencionan, se habla de unos 4 millones de víctimas, incluyendo a los desplazados. Se habla de indemnizaciones de hasta 20 millones de pesos por víctima. Si uno multiplica 20 por 4 llegamos a la cifra de 80 billones de pesos. ¿De donde vamos a sacar esa plata?
Cómo un punto de referencia para la opinión pública, el 4 por mil le genera al país 3 billones de pesos al año. Necesitaríamos 27 años de 4 por mil para poder atender las indemnizaciones que generaría esa ley de víctimas. ¿Estamos en capacidad de hacerlo? ¿Somos concientes los colombianos de eso?
ENS: Con base en esto, ¿son ustedes enemigos de la ley de víctimas?
FA: No. Esto no quiere decir que seamos indolentes frente al dolor de las víctimas. Por supuesto que somos solidarios con las víctimas. Pero primero sería una irresponsabilidad con el país, que en lugar de resolverle los problemas lo hagamos sea crearle más problemas al Estado colombiano, a la rama judicial, que de aprobarse las cosas simplemente como se han propuesto, se vería cogestionada de tutelas reclamando los derechos establecidos por esta ley.
ENS: Ayer los congresistas conservadores establecieron un cronograma para estudiar los proyectos del Gobierno.
FA: Efectivamente, logramos restablecer una agenda que comenzará el jueves de la próxima semana, cuando estudiaremos en detalle el proyecto de Acto Legislativo de las regalías. Y, si el espacio nos lo da, también la ley de tierras.
Lo que hemos definido es que para cada reunión citaremos con dos temas, pero que no abordaremos el segundo hasta que el primero de los temas no quede totalmente agotado. Si no se agota y no nos alcanza el tiempo pues el tema quedará para la siguiente sesión.
LA LEY 418, expedida el 26 de diciembre de 1997, “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, cuya vigencia era “de dos años a partir de la fecha de su promulgación”, podría completar 17 años de vida si el Congreso aprueba una nueva prórroga solicitada por el Gobierno anterior y respaldada por el actual.
Hoy, precisamente, está citado a las 10 de la mañana el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas a la Comisión Primera de la Cámara, para que exponga los alcances de una comunicación que sobre el particular le envió al coordinador de ponentes de la iniciativa.
“Lo que buscamos es que los miembros de la Comisión tengan una información puntual por parte del Ministro” acerca de “qué es lo que se quiere con esta ley”, le comentó a EL NUEVO SIGLO el destinatario de la misiva, el representante vallecaucano Roosevelt Rodríguez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
Y en ese mismo plan están los integrantes de la Comisión, como se desprende de lo manifestado por el representante bogotano Germán Navas, del Polo Democrático, que le dijo a este Diario que estará con ánimo desprevenido en la sesión de hoy.
El proyecto es el 26 de 2010 Cámara, “por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1.106 de 2006, se modifican algunas de sus disposiciones y se adicionan otras”, radicado en julio por el entonces ministro Fabio Valencia.
Además de Rodríguez y Navas, son ponentes los representantes Juan Carlos García, del Partido Conservador; José Rodolfo Pérez, de Alternativa Liberal; Victoria Eugenia Vargas, del Partido Liberal; y Juan Carlos Salazar, del Partido de Integración Nacional (PIN). Ellos todavía no han radicado ponencias para el primer debate en la Comisión.
Prórroga
La norma fue expedida durante el gobierno de Ernesto Samper y prorrogada sucesivamente por Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
El la iniciativa radicada por Valencia se adiciona otorgarles funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares, extender las pólizas de seguros antiterrorismo para el transporte fluvial, que ahora sólo existen para los transportadores terrestres, y la ampliación del ámbito de aplicación del programa de víctimas y testigos de la Fiscalía.
En aquel momento, Valencia dijo que también se vinculan las entidades territoriales, como los departamentos, distritos y municipios, a las alertas tempranas en materias de orden público y violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Facultades
El 8 de noviembre de 2006 la plenaria de la Cámara aprobó, en último debate, la prórroga de la ley por cuatro años, recibiendo el Gobierno facultades para adelantar procesos de paz con los grupos armados ilegales, creando, por ejemplo, zonas de encuentro para los alzados en armas, suspender órdenes de captura, otorgar indultos y proteger a las víctimas, entre otras herramientas básicas para cumplir ese objetivo.
Ahora
En la ya mencionada carta del ministro Vargas al representante Rodríguez (ver recuadro), el actual Gobierno considera que “esta iniciativa legislativa del proyecto del ley 026 que prorroga la Ley 418 de 1997 requiere con urgencia su pronto debate en el Congreso, por lo que resulta de la mayor importancia someter a debate la respectiva ponencia en el Legislativo. Sin esta herramienta legal el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales encontrarían mayores obstáculos para responder de manera oportuna contra las acciones terroristas de los grupos armados al margen de la ley, de las bandas criminales y de las acciones indiscriminadas del terrorismo contra la población civil”.
Adiós a los despejes
El pasado 30 de agosto, por solicitud del presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas le envió una carta al representante Roosevelt Rodríguez solicitando la eliminación de la prórroga de la Ley 418 del parágrafo que permite la creación de zonas de distensión en el país.
En la comunicación, el ministro Vargas hace cinco consideraciones para esta ponencia, entre las que se destaca la supresión “en el artículo 8°”, del “inciso segundo y tercero del parágrafo primero: El Presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni genere inconvenientes o conflictos sociales.
“El Gobierno Nacional podrá acordar, con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”.
Con base en la norma se permitió el establecimiento de territorios de excepción como la zona de ubicación de Santa Fe Ralito, acordada el 13 de mayo de 2004 entre el Gobierno de entonces y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en un corregimiento de Tierralta, Córdoba.
En su lugar se sugirió la siguiente propuesta: “En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”.
Otras propuestas
El Gobierno propuso también cambiar el artículo 14, que castiga el reclutamiento de menores de edad con prisión de tres a cinco años, por el texto del artículo 162 del actual Código Penal vigente, Ley 559 de 2000, que penaliza la misma conducta con cárcel de seis a diez años.
Otra propuesta es la de incorporar “el deber de garantía de protección contra actos de terrorismo, hoy vigente para las vías terrestres, a las vías fluviales”.
Importancia
Al final de la carta, Vargas le expone a Rodríguez que “hoy en día la necesidad de consolidar una política de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional está ligada al afianzamiento de la presencia institucional de carácter civil en el territorio, en búsqueda de una mayor gobernabilidad local y sobre todo, de una convivencia ciudadana en el marco de escenarios donde diferentes actores criminales configuran su accionar contra la población civil, como el terrorismo indiscriminado de las bandas criminales y el accionar de grupos armados irregulares de configuración múltiple”.
Para el Gobierno, explicó Vargas, “esta iniciativa legislativa del proyecto de Ley 026 que prorroga la Ley 418 de 1997 requiere con urgencia su pronto debate en el Congreso, por lo que resulta de la mayor importancia someter a debate la respectiva ponencia en el Legislativo. Sin esta herramienta legal el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales encontrarían mayores obstáculos para responder de manera oportuna contra las acciones terroristas de los grupos armados al margen de la ley, de las bandas criminales y de las acciones indiscriminadas del terrorismo contra la población civil”.
Una lista de 60 candidatos a reemplazar a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, envió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al alto Tribunal, para que realice la respectiva selección.
La lista, que incluye 15 aspirantes por magistratura, fue compuesta después de cerrarse la convocatoria.
Para reemplazar a Yesid Ramírez Bastidas, magistrado de la Sala de Casación Penal, a quien el ex presidente Uribe denunció penalmente, están José Acuña, Myriam Ávila, Fernando Alberto, Agustín García, Claudia López, Álvaro Luna, Camilo Montoya, Fabio Ospitia, Fernando Reyes, Leonel Rogeles, Guillermo Salazar, la fiscal Ángela Buitrago, el actual director de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, Hugo Quintero y el magistrado auxiliar de la Sala Penal, Iván Velásquez.
En remplazo del magistrado de la Sala Civil, César Julio Valencia Copete, aspiran Marco Antonio Álvarez, Felipe Borda, Isabel Espinel, Jorge Eduardo Ferreira, Ana Giacomette, Fernando Giraldo, Diana Aída Lizarazo, Oscar Julio Maestre, Héctor Moreno, Alberto Rodríguez, Cristina Rojas, Nubia Sabogal, Ariel Salazar, Luis Téllez y Jaime Tovar.
Para reemplazar al magistrado de la Sala Laboral, Luis Javier Osorio, quien denunció el ofrecimiento de supuesta prebendas para votar a favor de Margarita Cabello Blanco, aspirante a las Fiscalía, están candidatizados: John Acosta, Germán Avendaño, Donald Dix, Oswaldo Duque, Carlos Lebrun, Gustavo López, Margarita Márquez, Hernando Mazo, Carlos Molina, Diego Montoya, José Luis Quiroz, Julieta Rocha, Marirraquel Rodelo, Álvaro Bustamante, Ana María Zapata.
Y para reemplazar al también magistrado de la Sala Laboral Eduardo López fueron postulados Héctor Álvarez, Carlos Ayala, Mauricio Burgos, Eduardo Carvajalino, Julio Díaz, Claudia Fandiño, Edgar Fandiño, Eduardo Fierro, José García, María Mercedes Gómez, Carlos Niño, Francisco Rafael Ostau de Lafont de León, Miguel Pérez, Yolanda Vega y Antonio del Cristo.
DOS SEMANAS después de que el Gobierno anunciara que presentaría una reforma a la Justicia concertada con las altas Cortes, la controversia por alguno de los temas que desarrolla, no para.
A pesar de que el asunto de la elección del Fiscal General parecía superado, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, prendió el debate hace un par de días cuando se mostró partidario de incluir en dicha reforma, la supresión de la facultad de las Cortes para elegir o intervenir en elecciones de altos funcionarios como el mismo Fiscal, Contralor y Procurador.
El primero en reaccionar a esta propuesta fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, quien, aunque dijo que el alto Tribunal estaría dispuesto a debatir cualquier propuesta presentada por el Gobierno, defendió las facultades nominadoras de las altas Cortes.
“Cada Rama colabora con otras funciones que tienen las otras, así lo estableció la Constitución. Cada Corte debe cumplir con su tarea, pero también debe colaborar en otras tareas administrativas”, aseguró Arrubla.
“En ningún sistema sucede esto, ya que por ejemplo usted encuentra un Congreso que hace leyes pero que también hace nombramientos, un Ejecutivo que ejecuta leyes pero dicta normas y por intermedio de sus superintendencias toma decisiones casi jurisdiccionales”, agregó el presidente del máximo Tribunal de la Justicia Penal ordinaria.
El magistrado añadió que esas propuestas no pueden tomarse a priori, y sostuvo que lo importante es jalonar la tarea del Estado de armonizar las instituciones.
En cuanto a la elección de magistrados de la misma Corte, Arrubla dijo que esa función es indispensable: “Si se refiere a magistrados de la misma Corte, son requeteesenciales, a magistrados de tribunales también”.
Sin embargo, puntualizó en que estudiarán cualquier propuesta que haga el Gobierno.
La directora de la corporación Excelencia en la Justicia, Gloría María Borrero, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que esta propuesta es indispensable para evitar la politización de la Justicia.
“Se lo he oído al ministro. Además, esta es una de las alternativas que la comisión de expertos estudió. Y realmente esa ha sido la puerta de entrada a la politización de la Justicia. Indudablemente hay que quitar las facultades electorales de los tribunales, en todo lo que tiene que ver con contralores departamentales y también las competencias electorales de las altas Cortes. Hay que revisar todas esas competencias, ojalá para quitarlas todas. Pero hay que mirar caso por caso”, aseguró Borrero.
El ex procurador Jaime Bernal también se mostró de acuerdo con quitarles estas facultades a las altas Cortes.
“Conforme se está presentando la realidad, en donde la honorable Corte Suprema de Justicia está bloqueada para varios nombramientos, exige un cambio radical para poder buscar plena autonomía de la Justicia, evitar estos enfrentamientos, evitar la politización. Se tendría que ensayar un sistema muy diferente, como por ejemplo, un concurso de méritos para esos altos cargos, diseñado de tal manera que los participantes sean académicos y se les exija mayores requisitos a los actuales, para que hecha una lista de los que pasen el concurso, se apliquen los sistemas de cooptación”, propuso Bernal en diálogo con este Diario.
De hecho, Bernal afirmó que toda reforma judicial debe empezar por suprimir estas competencias: “Me parece que debe hacerse una reforma a fondo, y debe empezarse por cambiar el sistema de nombramientos. La realidad está demostrando que con respecto del sistema de elección del Fiscal, eso hizo crisis, porque llevamos un año en que no se ha podido nombrar al Fiscal en propiedad”.
LA SALIDA inminente de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia por vencimiento del período, ha causado preocupación en varios sectores del país, ya que se podría afectar la elección del Fiscal General y del tercer postulado a la terna para contralor, si al momento del retiro no han sido elegidos.
En efecto, el primero de octubre se retiran el magistrado de la Sala de Casación Laboral Javier Osorio y dos de los magistrados que han tenido enfrentamientos y líos jurídicos con el presidente Álvaro Uribe, los ex presidentes de la Corte Suprema Yesid Ramírez (2004) y César Julio Valencia (2007), de la Sala de Casación Penal y Civil, respectivamente. Igualmente, el magistrado de la Sala Laboral, Eduardo López, culmina su período el primero de noviembre del presente año.
La preocupación radica en que la Sala Plena de la Corte Suprema lleva 10 meses intentando elegir el remplazo de la magistrada de la Sala Laboral, Isaura Vargas, sin éxito alguno; elección que ha frenado también las elecciones del director en propiedad del ente acusador y la terna que le corresponde escoger para contralor general, debido a que el voto del magistrado que falta podría ser decisivo a la hora de que alguno de los aspirantes a fiscal o contralor logre las mayorías.
La elección de un magistrado de la Corte Suprema, lo realiza su Sala Plena de una lista de entre cinco y 15 aspirantes enviada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Si a finales del próximo mes no se han hecho las respectivas elecciones, con la ausencia de cuatro magistrados, que serían cinco en noviembre, se complicaría más tener un Fiscal General en titularidad a corto plazo y destrabar la elección del sucesor de Julio César Turbay, ya que para que se conozcan los nombres electos, tiene que haber una mayoría calificada, representada en 16 de los 23 magistrados que conforman la Sala Plena.
En consecuencia, si en octubre no es elegido el nombre del reemplazo de la magistrada Vargas, la Sala Plena quedaría integrada por 19 magistrados, lo que le restaría votos a los aspirantes en los distintos procesos de elección que tiene a su cargo el máximo Tribunal de la Justicia Penal Ordinaria, incluyendo la elección de dignatarios de la misma corporación, pues el magistrado Jaime Arrubla lleva como presidente encargado desde enero.
En la elección del Fiscal General, la procuradora delegada para asuntos disciplinarios Margarita Cabello obtuvo el jueves de la semana pasada 13 votos, el ex presidente de la Corte Suprema, Jorge Aníbal Gómez, 10 sufragios y el consejero de Estado, Marco Antonio Velilla, logró 9.
Sin embargo, la alta Corte citó para mañana en las horas de la tarde una Sala Plena extraordinaria para seguir con las votaciones para Fiscal General, por lo que no se descarta que mañana, el proceso que ha durado más de un año, llegue a su fin y se conozca el nombre del reemplazo de Mario Iguarán.
En cuanto al proceso de elección del tercer ternado para contralor general, que cumple tres meses, aún la Sala Plena no ha podido escoger un nombre de nueve que fueron preseleccionados por cada una de las tres Salas de Casación. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional ya eligieron su nombre a la terna.
Elecciones en Consejo de Estado y Judicatura
La semana pasada, la Sala Plena del Consejo de Estado eligió cuatro magistrados, tres para la Sección Tercera y uno para la Sección Primera, quedando pendiente sólo una vacante por cubrir.
El pasado 27 de julio, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo eligió a Olga Valle, Stella Díaz y Danilo Alfonso Rojas como nuevos magistrados de la Sección Tercera, donde se crearon tres magistraturas nuevas por la actual congestión que maneja. Sin embargo, en esta Sección todavía falta por elegir el reemplazo de Miriam Guerrero, vacante que está siendo ocupada por la magistrada encargada Gladys Agudelo.
De igual manera, en la misma fecha fue elegida María Elizabeth García como consejera de Estado de la Sección Primera. Ente el 2009 y este año el alto Consejo adelanta el proceso para llenar nueve magistraturas vacantes.
De otro lado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a casi un año de estar vacante el cargo, no ha elegido en propiedad al director ejecutivo de la Rama Judicial, que es el encargado de manejar el presupuesto de la Justicia.
A principios de este año, dicha Sala devolvió la terna para gerente de la Rama Judicial, que integró la Comisión Interinstitucional, argumentando que los postulados no cumplen con los requisitos exigidos para el cargo.
Magistrados, jueces, notarios, abogados, docentes y estudiantes de Colombia y Venezuela se darán cita este 30 y 31 de julio en Cúcuta, para participar del Sexto Congreso Binacional de Derecho Procesal.
El encuentro que es organizado por la Universidad Libre, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y el Colegio Nacional de Abogados del Oriente Colombiano, rendirá homenaje a la memoria de Jaime Pérez López, fundador de la seccional de la Universidad Libre en Cúcuta y un apasionado por la integración colombo-venezolana.
“Esta es una actividad debidamente institucionalizada y preparada para que la justicia y los justiciales puedan actualizarse”, aseguró Carlos Alberto Colmenares Uribe, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo Norte de Santander.
Agregó que este congreso busca oxigenar el conocimiento y poner a la vanguardia a quienes se formaron y se están formando en el derecho. “Por tal motivo, contará con la presencia de mentes iluminadas que contribuyen al conocimiento jurídico y la administración de justicia”.
Importancia
Colmenares Uribe dijo que el congreso binacional se muestra como una ayuda en este momento de tensión y de crisis que se vive entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.
“Con este magno evento queremos demostrar que el conocimiento y la inteligencia une a los pueblos. También es el sello que nutre la paz”, dijo.
De los mil asistentes que harán parte de la sexta versión del Congreso Binacional, se prevé la visita de 500 venezolanos, entre los que se encuentran magistrados de las altas cortes, jueces, rectores y fiscales, y una delegación significativa de Perú, Ecuador y Bolivia.
El Rector de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, Iván Vila Casado, manifestó que esta actividad académica permite el fortalecimiento de los lazos de amistad con profesores y profesionales del derecho del vecino país. Así mismo, contribuye a la paz, la integración, el conocimiento y el elogio a la inteligencia.
Invitados
Entre los invitados al Sexto Congreso Binacional de Derecho Procesal están los colombianos Jairo Parra Quijano, Luis Ernesto Vargas Silva, Hernán Fabio López Blanco, Carlos Bernardo Medina Torres, Dagoberto Charry Rivas, Edgardo Villamil Portilla, Enrique del Río González, María Patricia Balanta Medina y Edgar Osorio.
Además, Yajaira Irurrueta, de Venezuela; Jordi Nieva Fenoll, de España; Juan Carlos Henao Pérez, René Molina Galicia, de Venezuela; Rodrigo Rivera Morales, Juan Bautista Parada Caicedo y Alfredo Beltrán Sierra.
En la iniciativa, de acuerdo con lo anunciado ayer, se aprovecha para crear la doble instancia que han pedido los congresistas, especialmente los procesados por la parapolítica. A los aforados constitucionales se les asignaría “un juez de control de garantías, con el propósito de dar aplicación plena a los instrumentos multilaterales en materia de garantías procesales.
El juzgamiento de los aforados constitucionales continúa en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que los juzgará previa investigación y acusación de la nueva unidad, a través de una sala especial compuesta por tres magistrados de la Sala Penal en primera instancia, y en segunda instancia mediante la Sala Penal en pleno, sin que en ella puedan hacer parte los magistrados que profirieron el fallo de primera instancia”.
En cuanto a la investigación y acusación de esos aforados, “con el propósito de respetar y mantener el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes públicos”, indicó el comunicado, en el proyecto se planteó la creación de la Unidad de Investigación y Acusación para Aforados Constitucionales integrada por nueve agentes acusadores que procesarán al Presidente, al Vicepresidente, a los magistrados, al Procurador, al Contralor, a los congresistas, al Fiscal y a los ministros del despacho, entre otros.
De esos nueve agentes, unos serán nominados a través de ternas por el Presidente y elegidos por el Congreso; otros ternados por el Congreso y elegidos por las Cortes; y otros candidatizados por las Cortes y elegidos por el Presidente.
“La Fiscalía General conocería de los delitos de los ciudadanos en general, quienes no estén cobijados por el fuero constitucional y ejercería facultades judiciales (las del artículo 250 de la Constitución) pero no jurisdiccionales. Los casos que estén bajo la vieja Ley 600 de 2000, antiguo Código de procedimiento penal, serán evacuados por fiscales transitorios de descongestión”, precisó el comunicado.
La iniciativa aportará para su trámite legislativo las certificaciones que ya le había entregado la Registraduría por el número de firmas y otra por la financiación.
