Piden seriedad al Gobierno en nueva ley antitrámites

“Aquí más que leyes lo que se necesita es voluntad política para aplicar las leyes que se han aprobado”: Luis Fernando Velasco.

EXISTEN DUDAS entre los congresistas que intervinieron en la ley antitrámites aprobada en 2005 con respecto a la iniciativa anunciada hace pocos días por el presidente Álvaro Uribe.

Mientras uno de los ponentes de aquella iniciativa de ley, el representante Telésforo Pedraza, le dijo a EL NUEVO SIGLO que le gustaría “que sea un proyecto realmente serio”, otro de los congresistas que participaron en su aprobación, el senador Luis Fernando Velasco, entonces miembro de la Cámara, señaló que al Gobierno “le falta más es decisión política para que se cumplan las normas que sacan”.

Hace unos 10 días, cuando el Congreso cerraba sus sesiones ordinarias, Uribe dijo que el 20 de julio el Gobierno presentaría un nuevo proyecto de ley antitrámites.

El presidente Uribe explicó que este proyecto se fijará en esos trámites que aún no han sido simplificados y que hacen lenta la labor del sector público: “En este gobierno ya se aprobó, pero ahora toca examinar cuáles otros trámites se pueden eliminar, se pueden simplificar y presentar el proyecto el 20 de julio”.

Seriedad

“Creo que muchas de las razones de la corrupción en cierta manera también están ligadas a la ineficiencia del Estado y a esa relación permanente del ciudadano con las autoridades encargadas de resolver esa situación”, reconoció el representante Pedraza al manifestar que todo avance en reducción de trámites es bienvenida.

“Pero me gustaría es que sea un proyecto realmente serio, estudiado, no como generalmente suele pasar que hacen globos, lanza globos el Gobierno al presentar unas iniciativas donde realmente saben que se va a encontrar un buen eco; si usted me dice que se reducen los trámites, a cualquier ciudadano le va a gustar. Ahora lo importante es que sea un proyecto muy estudiado, bien analizado y no como ha sucedido”, indicó el legislador de La U.

Por su parte, Velasco manifestó que el Gobierno “no puede seguir haciendo populismo legislativo” porque, de acuerdo con su punto de vista, presenta proyectos y luego no los reglamenta o no pone voluntad política para hacerlos cumplir.

Velasco puso como ejemplo la Ley de Hábeas Data que, según manifestó, “por falta de un decreto reglamentario, que tiene que expedir el Gobierno, hoy todavía el ciudadano no puede hacer uso pleno de esa ley”.

“El Gobierno debería ser un poquito más serio en el tema de las acciones legislativas”, agregó el senador liberal, aunque aclaró: “Yo no soy enemigo de que se esté revisando la legislación”.

“Se aprueba una ley antitrámites que precisa de favorecer y facilitar al ciudadano una relación con el Estado, muy en la línea de la comunicación electrónica, y eso era parte de lo que se quería hacer. Es increíble que hoy uno comienza a ver y muy pocas instituciones han cumplido las previsiones para poder tener ese tipo de relaciones con los ciudadanos”, expresó Velasco.

Para el congresista, “eso es fetichismo administrativo: creer que todo los conflictos de la sociedad se resuelven con leyes y aquí más que leyes lo que se necesita es voluntad política para aplicar las leyes que se han aprobado”.

Sólo 590 mil morosos se acogen al Habeas Data

Este es el número de personas que pagaron sus obligaciones pendientes en los primeros cinco meses de 2009, mientras que automáticamente la Ley benefició a más de 1,3 millones de deudores reportados en las centrales de riesgo.

Tan sólo 590 mil personas, de 5,4 millones de morosos se han acogido durante los primeros cinco meses al periodo de transición de la Ley de Habeas Data, que finaliza el próximo 30 de junio y que permite a los deudores financieros que cancelaron sus obligaciones, estar reportados por tan solo un año y no por cuatro, como se realizaba anteriormente.

Sobre el tema la directora de Central de Información de la Asobancaria, CIFIN, Ketty Valbuena, explicó que muy posiblemente se habrían beneficiado 590 mil personas, pues este fue el total de morosos que cancelaron sus obligaciones durante el periodo enero-mayo.

“Tenemos tres grupos de personas que cancelaron sus obligaciones. Un primer grupo, compuesto por aquellas personas que antes del primero de enero salieron, que fueron 147 mil; otro segundo de personas que cancelaron en 2008 sus obligaciones, esto quiere decir que ya cumplieron su año, en este caso se acogieron 603 mil personas, y un tercer caso que se divide en dos subgrupos, los 590 mil que cancelaron entre enero a mayo y los 5 millones cuatrocientos mil morosos que pudieron cancelar sus obligaciones durante el ultimo mes de la transición de la ley”, explicó Valbuena.

Fuentes de la central de riesgo Datacrédito informaron que a 31 de mayo, 2'950.000 personas en total fueron beneficiadas de dicha Ley. Cuando entró en vigencia la Ley, los morosos del sistema financiero llegaban a 4.852.000.

Al respecto, el senador Luis Fernando Velasco, uno de los promotores de la Ley, informó que desde el primero de enero, fecha en que entró en vigencia, más de tres millones de personas arreglaron su situación y su historial crediticio ya no existe.

Para el senador Velasco, la Ley podría cobijar a más personas; sin embargo, problemas como la interpretación de la misma por algunas entidades dificultan su fin.

Los reincidentes

Por su parte, el vicepresidente de Datacrédito Mauricio Angulo explicó que “es importante que los colombianos que están hoy en mora, cancelen su deuda para beneficiarse del régimen de transición”, agregando que el beneficio previsto en todos los casos anteriores se perderá en caso que el titular de la información incurra otra vez en mora, evento en el cual su reporte reflejará nuevamente la totalidad de los incumplimientos pasados.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Habeas Data, en enero 1.128.359 colombianos dejaron de aparecer reportados como deudores morosos por la Central de Información Crediticia Datacrédito. Por su parte, la Cifin hizo lo mismo con 172.773 personas en todo el país.

El período de transición por seis meses (enero al 30 de junio) da una gabela a los antiguos deudores morosos, pues sin importar el tiempo que estuvieron ‘colgados’, su reporte se mantendrá por un año contado a partir de la fecha en la que pagaron.

Después del 30 de junio, toda deuda superior a dos años estará reportada por cuatro años contados desde el momento en que se pague y si es inferior a dos años, el reporte permanecerá por el doble del tiempo en que se registró el retraso.

Según la Central, tan solo un día antes de entrada en vigencia la Ley, 130 mil personas consultaron su estado en la página Web, que se prevé no tendrá ningún inconveniente en el momento de brindar información, ya que está disponible para el uso de 3 millones de personas.

Ley de víctimas, cifras del Gobierno “no son ciertas”

Los congresistas liberales rebatirán “las desafortunadas declaraciones dadas por el Presidente y su gabinete”

“TODO EL argumento del Gobierno está lleno de inconsistencias y de interpretaciones de mala fe del articulado” de la fallida ley de víctimas, le dijo anoche el senador Juan Fernando Cristo a EL NUEVO SIGLO.
Además, “las cifras no son ciertas”, añadió el congresista liberal.

El legislador nortesantandereano se refirió así a los temas que tratarán él y el representante Guillermo Rivera durante una rueda de prensa que han citado para esta mañana.

De acuerdo a lo manifestado por Cristo y Rivera, en dicho encuentro con los periodistas responderán “las desafortunadas declaraciones dadas por el Presidente y su gabinete, y se anunciarán los nuevos planes que tienen para que más de cuatro millones de compatriotas víctimas del conflicto armado puedan tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, que les fue negada por el Congreso de la República cuando aceptó el pedido del gobierno Uribe de hundir la iniciativa el pasado jueves 18 de junio”.

La rueda de prensa “contará con la presencia de un número importante de víctimas del conflicto armado y de organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales”.

Debate

Este fin de semana, el presidente Álvaro Uribe dijo que la ley de víctimas que se hundió en el Congreso, y a la cual se opuso el Gobierno, era impagable y constituía un golpe a la seguridad democrática, puesto que nivelaba a los policías y soldados con los terroristas.

Según Uribe, “lo que no podíamos hacer era aceptar una ley que le iba a traer al país un costo de 82 billones de pesos, y que les daba a los agentes del Estado, los policías y soldados el tratamiento que se les da a los terroristas”.

Uribe fue enfático al manifestar que yéndole muy bien, tan sólo podrá recaudar unos 68 billones de pesos para financiar sus necesidades; esa sola iniciativa contemplaba un costo de entre 82 y 85 billones de pesos, un monto que es imposible de pagar.

Por esto consideró que si se hubiera aprobado ese proyecto, se habría convertido en una buena arenga de campaña, pero también en letra muerta, en una ley inútil que habría matado la ilusión de las víctimas.

Desmentido

Sin embargo, también el precandidato liberal Rafael Pardo desmintió el argumento del Gobierno.

Para Pardo no es claro por qué si el Ministerio de Hacienda ya había hecho el estudio financiero del proyecto hace un año, cuando el texto inicial fue aprobado por el Senado, ahora el Gobierno dice que su aprobación hubiera “creado un trauma irreparable a las finanzas del Estado”.

“Si de ahorrar plata se trata, también deben ser hundidas u objetadas iniciativas como la que pretende que se lleve a cabo un referendo en Colombia para que el Presidente aspire a ser reelegido”, dijo el precandidato liberal.

“Ese juego de cifras no tiene fundamento, son valores y argumentos falaces. El Ministro de Hacienda asegura que estamos blindados contra la crisis económica, y a la voz de reparación a las víctimas, dice que aumentó el déficit fiscal. Si se trata de ahorrar, el Gobierno no debería insistir en el referendo reeleccionista que vale mucho, mucho dinero”, agregó Pardo.

El ex ministro Pardo aseguró que en este gobierno definitivamente no habrá garantías para quienes por años han padecido los rigores de la guerra: “Las miles de víctimas tienen que entender que tendrán que esperar un gobierno liberal para que la Nación por fin las reconozca y se solidarice con ellas”.

20 proyectos quedaron para la próxima legislatura

Entre estos están el bloque de descongestión judicial, reformas al Código Penal y otras curiosas como la democratización de los clubes deportivos.

A DOS días de haberse terminado la primera legislatura del 2009 en el Congreso, hay importantes proyectos de ley de iniciativa gubernamental que quedaron en trámite para la otra legislatura que inicia el 20 de julio próximo. A pesar de que se radicaron a mediados y finales del 2008, fueron aplazados el primer semestre por prevalencia de proyectos como los referendos, la reforma política, la ley de víctimas, la dosis personal, entre otros, también de origen gubernamental.

Sin embargo, por su importancia se espera que sean evacuados en esta próxima legislatura.

Descongestión judicial

El plan del Ministerio del Interior y de Justicia de poner esta última al día en el año 2010 quedó en veremos, pues de los tres proyectos que fueron radicados en el Congreso para este fin sólo fue votado en primer debate el de descongestión judicial, y el del arancel judicial quedó en el limbo en la Comisión Tercera del Senado.

El único ponente de la iniciativa de descongestión judicial, senador Javier Cáceres, le había dicho que el proyecto no pudo ser aprobado porque había que concertar con las altas Cortes y este proceso fue lento.

Este proyecto fue tomado casi en su totalidad de los decretos expedidos en la conmoción interior proferida por el Gobierno, y de donde sobresale que los jueces podrán rechazar las demandas cuando carezcan de argumentos, y determinar el número del monto de la demanda de indemnización, entre otros que buscan descongestionar los despachos judiciales.

En cuanto al del arancel judicial, ha causado gran debate pues propone crear un impuesto del dos por ciento para todos los trámites judiciales.
Y el de causas menores todavía no ha sido tratado pues hay incertidumbre de los cambios que se hicieron, ya que el año pasado la Corte Constitucional echó abajo esa misma ley.

Reformas al Código

Proyecto de ley del Manual de Convivencia o Código de la Policía: Uno de los principales aspectos es que los comandantes de estación de Policía podrán conocer y fallar en procesos cuando versen sobre pretensiones patrimoniales inferiores a 22 salarios mínimo mensuales vigentes.

También está el proyecto de ley que establece el beneficio por colaboración de los narcotraficantes siempre y cuando entreguen todos los bienes que fueron comprados con plata del narcotráfico para reparar a las víctimas del conflicto armado. Después del trámite se les otorgará al narcotraficante y a su familia beneficios como una casa.

Sin embargo, este proyecto se rezagó porque otro proyecto, el de principio de oportunidad, tocaba el mismo tema, pues hablaba del beneficio para que salgan libres aquellos narcotraficantes que colaboran con la justicia; pero esto se cambió para incluir a cerca de 19 mil paramilitares, y al final fue aprobado.

Por otro lado se encuentra el proyecto por medio del cual se elevan faltas gravísimas y se endurecen las penas a funcionarios del DAS que realicen seguimientos, chuzadas ilegales y espionaje sin el mandato de una orden judicial. Se esperaba que este proyecto contara con mejor suerte por el escándalo de las chuzadas, pero no pasó de la Comisión Primera del Senado.

Otros proyectos

El de régimen departamental, cuyo objetivo es definir en materia de distribución de competencias entre la Nación y los departamentos, las instituciones y mecanismos de participación ciudadana a nivel departamental, endeudamiento interno y externo, regímenes salariales y prestacionales de sus empleados públicos, regímenes de distribución de recursos entre la Nación y los departamentos, de los tributos propios de éstos, de los servicios públicos a su cargo, del personal, del régimen contractual y del control interno y electoral.

Asimismo se encuentra la iniciativa que habilita al gobierno para delegar la vigilancia de los establecimientos de reclusión a organismos o entidades públicas o a particulares, para que permita que en circunstancias especiales la Fuerza Pública apoye el manejo del orden en los centros de reclusión; también otorga facultades a los directores de los centros de reclusión para desvincular al personal discrecionalmente por razones del servicio o de seguridad, y se conceden facultades extraordinarias para la modificación del régimen de personal del Inpec.

El que establece la enajenación preferente, esto es que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) debe enajenar los bienes que tenga bajo su administración, incautados o en comiso de forma preferente antes que asumir la administración, desde el momento en que los recibe materialmente y las medidas cautelares sobre el bien se trasladarán al producto de la enajenación de estos. El dinero producto de la enajenación ingresará a la subcuenta del Frisco, administrado por el Director de Estupefacientes.

También quedó en trámite para la otra legislatura la iniciativa que busca castigar la captación masiva y habitual de dineros (pirámides), e incurrirá en prisión de 120 a 240 meses y multa hasta de cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. El proyecto también contempla penas para el que omita reportes sobre transacciones en efectivo o movilización de dinero, de 38 a 128 meses de multa.

El proyecto que establece que los clubes deportivos de fútbol pasen a ser sociedades de libre inversión para garantizar la transparencia de las contrataciones de jugadores, y así evitar que varios de ellos quiebren.

Proyectos que se archivaron

Proyecto de ley que busca establecer inhabilidades de gobernadores, concejales, diputados y alcaldes para comprender dentro de las inhabilidades que se consagraron inicialmente a sus parientes para contratar con la respectiva entidad territorial y sus entidades descentralizadas, a los parientes de estos servidores públicos, toda vez que se consideró que su omisión es injustificada. Esta iniciativa apenas fue aprobada por la Comisión Primera del Senado.

Proyectos que ya pasaron

Principio de oportunidad: La idea original de este proyecto era otorgarles beneficios a los narcotraficantes que colaboraran con la justicia entregando sus bienes, pero en la Cámara se cambió para incluir a los 19 mil paramilitares.

Raspando pasó proyecto antitabaco a sanción presidencial

La iniciativa fue duramente criticada en la plenaria de la Cámara por eliminar el porcentaje que se destina de los aportes de la publicidad de las tabacaleras al deporte

APENAS SEA sancionado por el presidente Álvaro Uribe el proyecto de ley antitabaco, cuya conciliación fue aprobada por las plenarias de Senado y Cámara de Representantes anoche, quedará prohibida la venta de cigarrillos al menudeo, la publicidad en medios de comunicación y sólo se podrán vender cajetillas de mínimo 10 cigarrillos.

Sin embargo, mientras el texto de la conciliación fue aprobado en el Senado rápidamente y sin ninguna novedad, en la plenaria de la Cámara no la tuvo fácil, pues varios representantes se opusieron a la iniciativa supuestamente porque le quita recursos al deporte y porque acentúa la anarquía al presuntamente seguir prohibiendo el libre desarrollo a la personalidad.

No obstante, las mayorías aprobaron la iniciativa con el lema de defender a los menores de edad de los efectos nocivos del humo del tabaco.

Los eventos deportivos con este proyecto no podrán ser promovidos bajo el nombre o marca de alguna tabacalera, y uno de los efectos a los que más eco se les ha dado es que el fútbol profesional colombiano tendrá que cambiar de patrocinador.

El principal aspecto en el que convergieron las comisiones de conciliación de ambas Cámaras fue el de implementar un período de transición para que los dos primeros años se apliquen sanciones pedagógicas a quienes infrinjan la futura ley, y después de ese período se aplicarán las multas respectivas.

Una de las primeras en celebrar fue la senadora Dilian Francisca Toro, autora del proyecto: “Estoy orgullosa del compromiso de mis colegas congresistas al aprobar este proyecto de carácter social, que permite nuevas oportunidades de vida a nuestros hijos y que contribuye a evitar casi 25 mil muertes al año de compatriotas por causas conexas al consumo del tabaco.”

Sin embargo, en la plenaria por poco imperan las necesidades regionales, ya que según algunos parlamentarios este proyecto iba a perjudicar a los departamentos y municipios, ya que recibían un porcentaje de los patrocinios de las tabacaleras para el sector del deporte.

El primero en salir al paso de la iniciativa fue el representante Jorge Gómez Celis, quien dijo: “Los departamentos a los cuales nosotros representamos ya se han visto afectados. Nadie puede decir que es mentira que los vicios sostienen al deporte colombiano. Esa contribución que por Ley 30 le llega a los municipios, prácticamente no le va a llegar nada. Yo pregunto dónde van a quedar los programas recreativos y deportivos”.

Según el legislador, en la iniciativa no se evidencia que los recaudos de las sanciones y multas por no cumplir la ley vayan a parar ni al Ministerio de Protección Social ni a Coldeportes.

Este discurso fue apoyado por la representante María Isabel Urrutia, quien tiene varios proyectos que buscan incentivar deportes como el ciclismo.

Por su parte, el representante del Polo Wilson Borja aseguró que la aprobación de este proyecto y el de la dosis mínima sólo puede provenir de un Estado autocrático.

Entre las sanciones que se aplicarán por incumplimiento de la norma a propietarios, empleadores, representantes legales y administradores están multas sucesivas de un salario mínimo legal mensual vigente y hasta por una suma equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes. Incluso el proyecto contempla la suspensión temporal o definitiva de la licencia sanitaria.

Se hundió el proyecto de reparación a las víctimas

El Gobierno se opuso a que las personas afectadas por agentes del Estado sean equiparadas a las damnificadas por grupos ilegales. El relator de la ONU dijo que esa igualdad es imperativa

EL TEXTO de conciliación que se había acordado el miércoles entre Cámara y Senado sobre la ley de víctimas fue rechazado por la plenaria del Senado.

La conciliación, y por lo tanto el proyecto de ley, se hundió con los votos de 48 senadores que rechazaron la ponencia, contra sólo 24 que la apoyaron.

Mientras el Gobierno anunció en la plenaria que el próximo 20 de julio presentará una iniciativa que recoja los estándares internacionales para la reparación a las víctimas, los autores del proyecto hundido también planean presentar una nueva propuesta.

El senador Juan Fernando Cristo le anunció a EL NUEVO SIGLO el propósito de “trabajar nuevamente con las víctimas un nuevo proyecto de ley a partir del 20 de julio”.

Igualdad

Ayer Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, le dijo a EL NUEVO SIGLO que, sin perjuicio de la presunción de inocencia de los agentes del Estado vinculados a procesos por violación de derechos humanos, como es el caso de los llamados falsos positivos, las víctimas deberían tener derecho a una reparación inmediata que no tuviera que esperar años de pleitos judiciales.

En su informe, además, Alston consignó que “es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley, las víctimas tanto de actores estatales como de grupos ilegales sigan siendo tratadas con igualdad”.

Sin embargo, el Gobierno conminó ayer a la bancada uribista para que se opusiera al informe de conciliación, alegando, por una parte, que solo podría haber reparación a las víctimas de agentes del Estado cuando la justicia produjera un fallo condenatorio de última instancia.

Pero, además, alegó problemas presupuestales. En un comunicado, la Casa de Nariño señaló que el informe de conciliación radicado el martes por la noche tendría “un costo superior a los 80 billones de pesos” que “crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento”.

Sin embargo, el senador Cristo respondió que ese cálculo se hace sobre la base de artículos que no están en el proyecto y que en realidad se trataba de un “problema de principios y no de plata”.

En ese sentido, el comunicado presidencial, leído por César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de la Casa de Nariño, reveló que para el Gobierno el texto conciliado “se constituye en una grave amenaza a la seguridad democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado”.

En todo caso, Uribe también había anticipado que, si se aprobaba el informe de conciliación, objetaría el proyecto de ley.

Si la conciliación hubiera tenido posibilidades de ser aprobada, los familiares de “las víctimas de agentes del Estado”, explicó el representante Guillermo Rivera, habrían podido “también obtener una reparación por vía administrativa”. Tal sería el caso, indicó, de las familias de Soacha, que si las plenarias de Senado y Cámara hubieran recogido el texto que los conciliadores estaban proponiendo, habrían podido, “a través de las oficinas de Acción Social, obtener su reparación y no tener ni que pagar abogado ni que acudir a una instancia judicial a esperar muchos años una condena de los victimarios para poder recibir reparación”.

Hoy debatirían conciliación a proyecto de ley de víctimas

Si la conciliación es aprobada, “las víctimas de agentes del Estado (…) podrán también obtener una reparación por vía administrativa”: Guillermo Rivera.

HOY LAS plenarias de Senado y Cámara podrían debatir el informe mayoritario de conciliación del proyecto de ley de víctimas, radicado ayer.

La mayoría de los conciliadores acordaron proponer a sus colegas de ambas cámaras el texto aprobado en Senado. “Aquí lo único que queda es aprobar o negar el texto”, dijo el senador Juan Fernando Cristo. “Las víctimas de este país se merecen que se tramite esta ley en las condiciones más o menos aceptables”, agregó.

Si la conciliación es aprobada, para lo cual solo hay plazo hasta el sábado, los familiares de “las víctimas de agentes del Estado -explicó el representante Guillermo Rivera- podrán también obtener una reparación por vía administrativa”. Tal sería el caso, indicó, de las familias de Soacha, “que si las plenarias de Senado y Cámara recogen el texto que los conciliadores les estamos proponiendo, ellas podrán a través de las oficinas de Acción Social obtener su reparación y no tener ni que pagar abogado ni que acudir a una instancia judicial a esperar muchos años una condena de los victimarios para poder recibir reparación”.

Otra ley

En caso de que tampoco pase la conciliación, la posibilidad de “trabajar nuevamente con las víctimas un nuevo proyecto de ley a partir del 20 de julio” fue planteada ayer por el senador Cristo.

Al término de una reunión con voceros de las víctimas, el legislador liberal le dijo a EL NUEVO SIGLO que si no pasa la conciliación entre los textos aprobados por Cámara y Senado, seguramente “habría una expresión clara de la sociedad civil y de las víctimas en contra de ese texto, y simplemente con mucha tristeza y pesar tendríamos que decir que el proyecto finalmente no coronó con éxito su trámite y empezaríamos a trabajar nuevamente con las víctimas un nuevo proyecto de ley a partir del 20 de julio”.

A pesar de que, en su concepto, la votada el martes en la Cámara es “una ley totalmente distinta a la que aprobó el Senado y va a ser muy difícil conciliar”, el senador Cristo señaló que los impulsores del proyecto “vamos a hacer un esfuerzo a ver si logramos persuadir a la Cámara de que el texto de Senado es un texto que si bien no satisface a todas las víctimas, que con razón siempre exigen más, es un texto que más se acerca sobre todo a la participación ciudadana que hubo en este proceso con más de cuatro mil víctimas en todo el país”.

Retroceso

Contraria a la visión oficial de lo aprobado, para el congresista nortesantandereano esa “es una ley que no solamente no significa avance para las víctimas en Colombia, sino que además significa un retroceso en algunos temas fundamentales”.

Sobre los puntos en que es un retroceso, el senador Cristo enumera: “Yo creo que discriminar a las víctimas del conflicto en Colombia, recortar el principio de la buena fe, limitar la restitución a las víctimas solo al tema de tierras y no a la restitución de su patrimonio y de sus obligaciones y de sus deudas, son temas que le hacen mucho daño a esta ley”.

“Llevamos dos años trabajando y haciendo un esfuerzo muy grande en muchos sectores de la opinión pública colombiana, con las víctimas”, por lo cual “nosotros estamos convencidos que solo con una política de reparación justa, digna, vamos a lograr la paz y la reconciliación en Colombia”, agregó Cristo.

El Congreso puso fin a toda la publicidad del tabaco

La Copa Mustang de fútbol profesional colombiano deberá cambiar de nombre o de patrocinio debido al proyecto aprobado.

UNA INTENSA discusión permitió que la plenaria del Senado aprobara ayer la denominada ley antitabaquismo, eliminando, entre otros aspectos, todo tipo de publicidad de cigarrillos y otros productos similares, a partir del momento en que entre en vigencia la nueva norma.

Una proposición del senador liberal Camilo Sánchez para que se eliminen los cuatro años de transición en el patrocinio del tabaco a eventos culturales o deportivos fue aprobada por la plenaria de la corporación.

En igual sentido, la bancada del Polo Democrático se opuso a que se aprobara una transición de tres años para que los contratos de publicidad del tabaco fueran cancelados en los medios de comunicación.

El senador Luis Carlos Avellaneda, vocero del Polo en el Senado, negó el temor expresado por algunos congresistas de que la cancelación anticipada de los contratos de publicidad del tabaco vigentes al momento de la entrada en vigor de la norma, produjera demandas contra el Estado; Avellaneda explicó que la jurisprudencia establece que no hay lugar a indemnización alguna como consecuencia de demandas contra una norma que, como en este caso, preserva el bien común.

Resumen

La senadora Dilian Francisca Toro resumió los principales puntos del proyecto de ley “por medio de la cual se establecen políticas públicas para proteger a los menores de edad de los efectos nocivos de los productos del tabaco”, aprobado en último debate.

“Primero -explicó la congresista del Partido de La U-: no cajetillas de menos de 20 cigarrillos. Segundo: no a la venta al menudeo. Tercero: nada de publicidad desde el momento de vigencia de la ley, nada de promoción desde el momento de la vigencia de la ley, nada de patrocinio a eventos culturales y deportivos desde la vigencia de la ley”.

La legisladora vallecaucana reiteró que “se tenía una transición, pero realmente aquí en la plenaria no se aprobó ninguna transición y solamente se aprobó que se eliminara toda publicidad, toda promoción y todo patrocinio de eventos culturales o deportivos”.

Con respecto a la conciliación, la senadora Toro se refirió a los principales puntos de discrepancia entre los textos aprobados en Senado y Cámara, señalando que, en resumen, “en Cámara no existen espacios libres de humo, eso es lo que más ha afectado; y se prohibía solamente la publicidad dirigida a menores”, mientras que, con lo aprobado en el Senado, “como no va a haber ningún tipo de publicidad ni patrocinio, pues los menores de edad no van a estar expuestos a poder incitarlos a fumar”.

Admitió que la conciliación puede ser “difícil, pero yo creo que ya nos hemos concientizado los parlamentarios que esta es una ley muy importante para la salud pública del país”.

Una de las consecuencias de esta medida adoptada por el Congreso es el fin de la Copa Mustang del fútbol profesional colombiano: “La Copa Mustang queda, desde el momento de vigencia de la ley, queda totalmente prohibida la publicidad” por ese medio, indicó Toro.

Igualmente, en la iniciativa aprobada, que también establece “disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana”, se incluyó un nuevo artículo que impide la publicidad de tabaco en las transmisiones de canales internacionales que hayan recibido autorización para su emisión en Colombia de la Comisión Nacional de Televisión.

A conciliación referendo de cadena perpetua

EL PROYECTO de ley que convoca a un referendo para castigar con cadena perpetua a los violadores de niños pasó a conciliación de los textos aprobados por el Senado y la Cámara.

La iniciativa aprobada someterá a consideración de los colombianos si están de acuerdo con penalizar hasta con cadena perpetua “los delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, lesiones personales agravadas y secuestro cometidos contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física y/o mental”.

Durante el debate, el senador liberal Héctor Helí Rojas señaló que esta iniciativa sobrevivió a la oposición original del Gobierno debido a que la Casa de Nariño procedió con oportunismo al calcular que si se logra realizar los tres referendo el mismo día, la reelección tiene más posibilidades de salir adelante.
Junto al referendo de cadena perpetua, el Congreso tramita el del agua y el reeleccionista.

Mientras el reeleccionista tiene serias dificultades para superar la conciliación, el del agua está a mitad de camino pues fue aprobado con modificaciones en la Cámara y debe pasar a ser debatido en Comisión Primera y plenaria del Senado.

Ayer la plenaria del Senado aprobó la inclusión de un inciso en la pregunta del referendo, con el cual se compromete al Gobierno a impulsar medidas que eviten los ultrajes contra los menores.

El proyecto aprobado por la plenaria del Senado, tras superar la conciliación, deberá ser revisado por la Corte Constitucional.

Al término de la votación, el fiscal Mario Iguarán señaló que Colombia se pone al día con lo aprobado en otros países del mundo: “Así como el mundo, los Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Cuba, Jordania, Arabia, Francia, Inglaterra, Bélgica, todo el mundo ha dicho desde siempre que el interés superior de los niños es el ante todo, el Congreso colombiano le ha dicho también al mundo que los niños son la prioridad”.

A pupitrazo aprobada ley de reparación de víctimas

Los afectados por agentes del Estado deberán acudir a la vía judicial para buscar su resarcimiento, pero quedaron excluidos de la vía administrativa

DESPUÉS DE todas las demoras que sufrió, por fin ayer la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate la ley de reparación de víctimas por grupos violentos y agentes del Estado. Los partidos Liberal y Polo consideraron que la iniciativa quedó a la medida del Gobierno y no satisfará plenamente a los afectados por el conflicto colombiano.

A pesar de que los partidos de oposición acudieron al último debate del proyecto a sabiendas que la coalición uribista haría prevalecer la ponencia mayoritaria liderada por el representante Jorge Humberto Mantilla, en detrimento del proyecto original presentado por el senador Juan Fernando Cristo, la polémica se desató porque la plenaria decidió votar en bloque la aprobación de la mayoría de los artículos pendientes. Al final, la iniciativa fue aprobada por 84 votos a favor y 4 en contra.

Al respecto, el representante liberal Guillermo Rivera, quien defendía la ponencia minoritaria, dijo que el proyecto fue aprobado a ‘pupitrazo’. Fue “la salvajada de la bancada de Gobierno (…) Se negaron a discutir un proyecto de muchas implicaciones para darle un pupitrazo de manera vulgar y descarada”. Nunca en la historia del Congreso colombiano se había aprobado un proyecto de 160 artículos de un pupitrazo, dijo Rivera, quien confía en que la iniciativa se caiga en el examen constitucional.

Agregó que “es una ley que va en contravía de los principios internacionales, que Colombia queda muy por debajo de los estándares internacionales, pero además una ley que en nada representa el querer de las víctimas de Colombia. Cerca de 4 mil víctimas participaron en nueve audiencias congresionales y lo que aprobó la Cámara no se parece en nada a lo que las víctimas plantearon en esas audiencias ni al texto del proyecto original”, explicó el representante por el departamento de Putumayo.

Añadió que el proyecto aprobado mezcla políticas de reparación con políticas de asistencia social y de ayuda humanitaria, “cuando la Corte Constitucional ha dicho que esos conceptos son diferentes y no se pueden mezclar”, explicó.

Defienden lo aprobado

Esta ley satisface a las víctimas pero también se ajusta a las posibilidades fiscales de la Nación para atender las solicitudes de los afectados por la acción de los grupos armados ilegales y los agentes del Estado, señaló el representante Jorge Humberto Mantilla, quien presentó la ponencia mayoritaria aprobada ayer.

Frente a las protestas del Partido Liberal porque el proyecto aprobado difiere sustancialmente de la iniciativa radicada por esa colectividad, Mantilla señaló que todos los puntos que tiene la ponencia minoritaria los tiene la presentada por el Gobierno. “Aquí las diferencias existían en cuál era más posible, cuál era más ejecutable, cuál estaba más acorde con la realidad del país”, indicó Mantilla.

“Considero que ha sido mejor lo que hemos aprobado nosotros, que hemos mejorado sustancialmente el proyecto en Cámara, y aspiramos que en la conciliación prevalezcan los criterios que hemos tenido en cuenta en la aprobación”, añadió el legislador.

Para hoy está citada una reunión entre congresistas que defendían la ponencia minoritaria con representantes de víctimas y algunas ONG, con el objeto de decidir si demandan esta ley cuando llegue a manos de la Corte Constitucional.

Reforma judicial, otra legislatura y nada de nada…

El senador Javier Cáceres, ponente de la iniciativa, aseguró que la demora en el trámite se debió al consenso con los altos Tribunales, pues algunos se mostraron reticentes con el proyecto

A UNA semana de concluir el período legislativo, gran parte de la agenda que radicó el Gobierno en el Congreso se estancó y quedó aplazada para la nueva legislatura que inicia el próximo 20 de julio. Entre esos proyectos presentados por el Ministerio del Interior y Justicia se destacan el de descongestión judicial, el del arancel judicial y pequeñas causas, que hacen parte de un plan para poner al día la justicia en el 2010.

Este plan de agilizar y descongestionar la justicia surgió como consecuencia del paro judicial presentado el año anterior y que represó aún más los trámites del sistema. Como consecuencia el Gobierno decretó el Estado de Conmoción Interior, dándole facultades extraordinarias al Consejo Superior de la Judicatura para conjurar la crisis del paro. Después de cumplirse los términos del Estado de excepción, el Gobierno radicó en el Senado el proyecto de ley de descongestión judicial que incluía la mayoría decretos expedidos para hacerle frente al paro de actividades de los funcionarios de la Rama Judicial.

Las altas Cortes, en su momento, exigieron debatir el plan de descongestión antes de ser tramitado en la Comisión Primera del Senado.

No obstante, a pesar que la iniciativa fue radicada el año pasado, no se le ha dado el primer debate en esa célula legislativa, pues se le ha dado prioridad a otros proyectos como la reforma política y el referendo reeleccionista.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el senador Javier Cáceres, único ponente del proyecto de descongestión judicial, justificó la demora en el debate de la iniciativa por el difícil consenso que hubo que hacer con las Cortes e indicó que inclusive algunas fueron reticentes al tema. Sin embargo, el Legislador se mostró confiado en que mañana se realizaría el primer debate del proyecto en la Comisión, aun cuando se advierte que no está incluido en los primeros puntos del orden del día.

“El proyecto lo presentaron el año pasado, y ha sido consensuado con todas las Cortes y ha sido un trabajo permanente, y es muy posible que mañana se le dé el primer debate”, dijo Cáceres.

Además el Congresista agregó: “Hubo que esperar que las Cortes se reunieran, que ellos definieran, además hubo una Corte que fue reticente a opinar, y otra que dijo que lo iban hacer y no lo hacían, hasta que se logró por fin que más o menos los actores que estaban invitados a participar, participaran. Este es un proyecto que se le ha dado antes de llegar al primer debate, todo un debate con las personas, con los actores principales para hacer un buen proyecto”.

Según el Senador, cuando se presentó el informe de ponencia de este proyecto, tuvieron que ser tenidas en cuenta las experiencias de las altas Cortes, las cuales participaron en el consenso que se buscó, “porque de lo que se trataba es que los que manejan la Justicia y saben los problemas de ésta opinaran sobre el tema, y dieran a conocer lo que ellos consideraban estaba afectando la congestión judicial. Ya el consenso está, y está planteado en la ponencia”, sostuvo Javier Cáceres.

Por otro lado, las altas Cortes también se pronunciaron sobre el tema y se mostraron a la expectativa de lo que pueda pasar en el Congreso, pero advirtieron que por la apretada agenda del órgano legislativo habría que esperar otra legislatura para que la descongestión judicial pueda salir adelante. Además, una de ellas dejó ver su inconformismo con la iniciativa.

Sin embargo, como le dijo a este Diario, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, al interior de la corporación se estaba adelantando un plan de descongestión autónomo.

“Se está examinando por parte de la Sala Laboral y la Sala Civil un conjunto de medidas de descongestión, pero bienvenido ese debate en la próxima legislatura, no hay dificultad”, dijo el magistrado Augusto Ibáñez, refiriéndose al proyecto de descongestión judicial.

Ibáñez agregó que “hay una comisión encargada del estudio y haciéndole seguimiento al proyecto. La Corte está muy expectante sobre este tema, pero no ha dado ninguna directriz”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estado también se pronunció sobre el tema.
“Se trabajaron fundamentalmente con el Consejo de Estado, el Gobierno y la Comisión Primera del Senado lo relativo al proyecto del arancel y el de descongestión. Se hicieron recomendaciones, sugerencias, como por ejemplo agilizar los procesos, simplificar los trámites; y eso quedó en manos del Congreso, pero el Congreso tiene una agenda legislativa bastante fuerte”, aseguró el consejero Ostau de la Font.

En cuanto al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Nilson Pinilla Pinilla aseguró que no se referiría al tema: “Nunca me refiero a proyectos de ley porque eventualmente eso puede llegar a la Corte Constitucional después, y no quiero generar inquietudes de impedimento, por eso prefiero no comentar nada”, dijo.

Principio de oportunidad para 19 mil paramilitares

Mientras el Gobierno aplaude la decisión del Congreso porque saca de un “limbo jurídico” a los combatientes rasos de las Auc, los críticos de la iniciativa dicen que es un indulto disfrazado.

EN SU último debate fue aprobado por la plenaria de la Cámara el proyecto de ley “por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el principio de oportunidad”.

El principio de oportunidad es la facultad que puede tener la Fiscalía de suspender la acción penal a cambio de un avance sustancial en el esclarecimiento de un delito mayor.

La modificación aprobada beneficiaría a 19 mil paramilitares rasos que se encuentran en un “limbo jurídico” luego que las cortes Constitucional y Suprema establecieran en sendos fallos que los paramilitares no pueden ser considerados como delincuentes políticos y deben juzgarse por concierto para delinquir.

Según explicó el coordinador de ponentes Nicolás Uribe, a la iniciativa impulsada por el entonces ministro del Interior, Carlos Holguín, el fiscal Mario Iguarán y el senador Hector Helí Rojas le “falta conciliación y va a sanción presidencial”.

El representante Uribe manifestó que “este proyecto, en pocas palabras, introduce tres elementos fundamentales: uno, se le puede aplicar a narcotraficantes, a terroristas y a desmovilizados con dos características: que no hayan cometido delitos, mucho menos un delito de lesa humanidad, y en caso de que lo encuentren, inmediatamente pierden el beneficio. Se impide que el principio de oportunidad se aplique cuando la víctima es un menor de 18 años. No se aplica, que es un tema muy importante, para políticos ni congresistas, ni concejales, ni diputados, ni alcaldes, ni nadie que haya accedido a su curul” o a su cargo “con el apoyo de grupos al margen de la ley”.

“Luego -expresó Uribe- es simplemente el complemento de la política del Estado. Es, básicamente, una decisión de la Fiscalía, que es quien tiene que solicitar la aplicación de este principio, y de los jueces de garantías, que son quienes la aplican”.

El congresista de La U negó que la norma aprobada genere impunidad, “porque en caso de que usted descubra que hay solo una noticia criminal, una noticia de crímenes, como se llama, de la cual el Estado tenga conocimiento que han cometido estas 19 mil personas, inmediatamente pierden el beneficio y se inicia la investigación por ese delito”.

“Luego aquí lo que estamos haciendo es garantizar que pueda haber procesos de paz en el futuro, porque no podría haber ningún proceso de paz en el futuro si usted la única alternativa que le propone a quien se desmovilice es simplemente que lo va a meter 14 años por haber pertenecido a un grupo ilegal, en algún momento”, indicó Uribe.

¿Indulto?

En una constancia dejada poco antes de la votación, el representante Germán Navas dijo que la modificación del principio de oportunidad es “una vacuna contra la ley de víctimas”, porque implica, según el congresista del Polo Democrático, que los 19 mil paramilitares beneficiados no serán investigados.

En su intervención, Navas se apoyó en el concepto emitido sobre el particular por la Comisión Colombiana de Juristas que, en documento conocido por EL NUEVO SIGLO, asegura que en su intento “por solucionar los 19.000 problemas”, el Gobierno “introdujo una nueva causal para aplicar el principio de oportunidad” que “contradice la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos”, porque, para esa ONG, “la pertenencia a grupos paramilitares implica la participación en o conocimiento sobre graves violaciones a los derechos humanos” y “desconoce los derechos de las víctimas”.

Cámara debate restricción a pico y placa esta semana

La discusión se centrará en si el Congreso debe legislar sobre la movilidad de las ciudades o si ese tema debe dejarse a la autonomía de los alcaldes

Aunque el autor de la iniciativa “por medio de la cual se establecen limitaciones a las medidas restrictivas del transito vehicular”, Nicolás Uribe, es sumamente optimista en que el proyecto salga adelante, la verdad es que EL NUEVO SIGLO encontró opiniones divididas entre los congresistas.

En la sesión de hoy de la plenaria de la Cámara, el proyecto, que es el número 254 de 2009, aparece de 48 en el orden del día, con ponencia unificada de Nicolás Uribe, David Luna, Germán Navas y Telésforo Pedraza.
“Estamos construyendo las mayorías para poderlo aprobar”, le manifestó el representante Uribe a EL NUEVO SIGLO.

“Yo creo que la Comisión Primera lo votó con el apoyo de todos los partidos, no solamente de la coalición de gobierno, sino con el apoyo del Partido Liberal y con el Polo Democrático dividido”, precisó el congresista de La U.

“Yo asumo que vamos a poder sacar esa iniciativa adelante también en la plenaria de la Cámara. Es evidente que este tema se ha convertido en un asunto importante para el país, dado que no solamente Bogotá ha insistido en eso, sino que ya hay una idea de hacer un referendo sobre el tema en Villavicencio y algunas otras ciudades están pensando en cosas similares. Hay que ponerle atención al tema y mirar a ver cómo se garantiza la autonomía de los alcaldes para regular el tránsito sin afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Sin embargo, este último punto es el argumento por el cual muchos de sus colegas se apartan de la iniciativa, incluso dentro de su propio partido.

Autonomía

Por ejemplo, Lucero Cortés, representante por Bogotá, se mostró “en contra de que a través de leyes se frenen los procesos de descentralización y empoderamiento ciudadano que han conquistado los departamentos y municipios a lo largo de años y experiencia”.

Para la legisladora de La U, “en las medidas como el pico y placa que en algunas ciudades resulta inevitable su aplicación, debe respetarse la decisión de sus gobernantes, y en caso de no compartirlas, mediante acciones constructivas y propositivas contribuir a su análisis y mejor implementación, apoyando procesos de cultura ciudadana, y no mediante desmedidas intervenciones nacionales sobre claros intereses locales”.

En un sentido similar se pronunció el representante santandereano Jorge Humberto Mantilla, para quien “eso debe dejárselo a la autonomía de los alcaldes, sobre todo porque hay una participación ciudadana muy grande en estos temas”, lo que consideró como “una especie de autorregulación que tienen las ciudades”.

Para el congresista conservador “hasta allá no debe ir el Congreso, porque el tema de movilidad es un tema netamente local, de cada alcalde, y eso tiene unos controles permanentes de la ciudadanía. Meterse con la movilidad desde el Congreso impide, en un momento dado, que se tomen medidas fáciles por parte de los alcaldes. Yo creo que esa autonomía debemos dejársela a los alcaldes ampliamente, para que cada uno pueda determinar lo mejor para que las ciudades puedan movilizarse”.

Mantilla le señaló a EL NUEVO SIGLO que sobre “las repercusiones económicas que pueda llegar a tener una medida de estas, están prácticamente autorreguladas por los pronunciamientos de la ciudadanía y de las fuerzas vivas de cada uno de los entes territoriales”.

En la misma línea de ideas se expresó el representante Venus Albeiro Silva: “Es que el tema del pico y placa no se puede reglamentar desde el Congreso. Esa es una decisión de los entes territoriales; entonces, por regla, no podemos decir ni una hora, ni dos, ni siete, ni 20, ni nada”.

Para el congresista del Polo Democrático “simplemente ese pico y placa en cada alcaldía se decidirá; dependiendo de sus necesidades dirá si es una hora o si no se requieren más horas. No creo que ese proyecto tenga ningún futuro”.

Límites

Por supuesto, hay congresistas que apoyan la iniciativa del representante Uribe.

Por ejemplo, el legislador Orlando Guerra, oriundo del Putumayo, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el tema del pico y placa debe restringirse, porque todo el mundo tiene derecho a trabajar”, y precisó que “hay mucha gente que trabaja con su vehículo”.

“Hay gente que no puede tener dos carros. Hay un problema gravísimo porque la gente que no puede comprar dos carros compra motos, y por eso los accidentes”, explicó.

Para el dirigente conservador, “el pico y placa, como estaba antes, yo estoy de acuerdo, pero no todo el día”.

También el representante vallecaucano Heriberto Sanabria consideró la iniciativa como “viable, procedente y necesaria”.

“Yo en el Congreso no le veo mayor objeción a ese proyecto”, le indicó a EL NUEVO SIGLO.

El proyecto será debatido en segundo debate en la plenaria de la Cámara, tras lo cual “pasaría a Comisión Primera de Senado y a plenaria de Senado”, explicó Uribe.

Pero, dado que está por concluir el período ordinario de sesiones del Congreso, esa segunda vuelta se dejaría “para el segundo semestre del año”, indicó el representante Sanabria.

Proyecto de ley de víctimas tendrá su último debate

“Nosotros nos mantenemos en nuestra posición, esperamos que el Gobierno en esta última semana de trabajo acepte el reconocimiento de víctimas de agentes del Estado”: Guillermo Rivera

Con poco optimismo, pero dispuestos a dar la pelea hasta el final, hoy los ponentes y las organizaciones sociales que impulsan la ley de víctimas se preparan para no ceder en temas fundamentales.

“Nosotros nos mantenemos en nuestra posición, esperamos que el Gobierno en esta última semana de trabajo acepte el reconocimiento de víctimas de agentes del Estado para la reparación administrativa, que acepte reabrir la discusión del tema de la buena fe para que a las víctimas no se les pongan límites en el tiempo para su reconocimiento, y le pedimos al Gobierno que acepte nuestra posición de restitución patrimonial y no sólo restitución de inmuebles”, dijo el representante liberal Guillermo Rivera.

“Vamos a insistir por lo menos en el texto del Senado. Si no es así, pues yo creo que la ley se va a hundir porque el Gobierno lleva dos años tratando de hundirla por la puerta de atrás”, señaló el senador Juan Fernando Cristo.

Sin embargo, tanto Rivera como el representante Carlos Arturo Piedrahita le dijeron a EL NUEVO SIGLO que el Gobierno ha sido sordo ante los reclamos de la oposición y no ve que pueden producirse cambios significativos frente a la posición del uribismo.

Ambos reiteraron la posición de los voceros de las víctimas en el sentido de que es mejor que se hunda antes de que se apruebe el proyecto como está.

El semestre pasado el Gobierno y la oposición se enfrentaron en un largo debate por los cambios que sufrió el proyecto en la Comisión Primera de la Cámara.

En esa ocasión, los congresistas liberales y del Polo mostraron su desacuerdo e incluso amenazaron con la posibilidad de hundir la propuesta si las modificaciones se mantenían. En un comunicado, el Partido Liberal dijo que el Gobierno y sus mayorías “descuartizaron” la propuesta.

En esa época, la llamada “aplanadora de la coalición” determinó que la reparación a las víctimas de agentes del Estado solamente podría darse después de una sentencia judicial en firme, lo que alargaría el tiempo del proceso legal para las víctimas.

Además, se estableció que debía existir un tope pecuniario de 18 millones de pesos para la reparación de los afectados por el accionar de los agentes del Estado, cosa que no sucede en la actualidad, pues los montos pueden ser mucho más altos.

Ese día se aprobó, además, que las víctimas tendrían solamente dos años para acreditarse como tales y así poder ser reparadas. Pasado ese tiempo, no podrían reclamar ningún tipo de beneficio.

En la actualidad no existen esos límites.

Segundo

Hoy, en el orden del día de la plenaria de la Cámara, el proyecto de ley número 044 de 2008 Cámara, 157 de 2007 Senado, “por la cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia”, ocupa el segundo lugar.

Los impulsores de la iniciativa son conscientes de que el tiempo es su peor enemigo, lo mismo que la falta de voluntad del Gobierno, que tiene centrada su energía en la reforma política y el referendo reeleccionista.

“El Gobierno quiere que agilicemos la discusión retirando la votación nominal y retirando algunas proposiciones, pero no podemos ceder”, señaló Rivera.

Los voceros de las organizaciones sociales señalan que el problema no es que se hunda el proyecto sino que salga una buena ley que recoja las necesidades de 4 mil víctimas en el país.

Es hora de reglamentar a los lobbistas: congresistas

Ellos “casi operan como senadores”: Jesús Bernal. “Solo hasta que haya una reglamentación que restrinja este tipo de circunstancias, esto va a seguir sucediendo”: Jorge Ballesteros

LA NECESIDAD de reglamentar la labor de los lobbistas en el Congreso de la República se comenzó a ventilar de nuevo luego de las denuncias de intentos de soborno a senadores para favorecer los intereses de las tabacaleras en el trámite del proyecto de ley antitabaquismo que terminará de ser votado el próximo martes.

El senador Jesús Bernal afirmó que detrás del aplazamiento de la votación existen intereses económicos: “A mi oficina fueron a decirme que qué quería. Por un lado me dijeron que votara con ellos o en su defecto que no fuera a la plenaria”.

Bernal mencionó a la multinacional Philip Morris, como uno de los interesados en que la iniciativa no sea aprobada: “Los lobbystas de la Philip Morris pasaron de oficina en oficina de los senadores de la comisión séptima pidiendo que se respaldaran sus propuestas. En el caso mío a mi lo que me dijeron es que los ayudara, que los respaldara y yo me negué a aceptarlo”.

Luego, señaló el senador Bernal, “ellos me dijeron que qué quiere y yo les dije que nada”.

La denuncia del senador del Polo Democrático fue secundada por la legisladora conservadora Carlina Rodríguez: “Uno ha visto en la práctica el ofrecimiento de dádivas al legislativo para que colapsen estos proyectos”. La congresista rechazó “estos dineros que en estos días y en estas semanas, como lo anunciaron dos legisladores, vienen ofreciendo”.

Por su parte, la autora y ponente del proyecto, Dilian Francisca Toro, señaló que “ellos no quieren que se prohiba la publicidad, que se prohiba la venta al menudeo y que tampoco se incluyan en la etiqueta fotos y el texto alusivo a los daños que el cigarrillo causa a la salud”, que son precisamente los temas que se votarán el martes en la plenaria del Senado, citada para el mediodía.

Lobbistas

La actividad de lobby no es exclusiva de Colombia, ni sus problemas tampoco (ver recuadro).

“Hemos estado insistiendo mucho en la modificación del reglamento interno del Congreso y hemos sido quejosos en la plenaria del Senado de que no se permita la entrada de los lobbistas”, le manifestó a EL NUEVO SIGLO el senador Jorge Ballesteros.

“Desafortunadamente ello no se ha podido”, se lamentó el congresista de Alas Equipo Colombia.

Para el legislador guajiro, “solo hasta que haya una reglamentación que restrinja este tipo de circunstancias, esto va a seguir sucediendo; esta es la realidad”.

Por su parte, el senador Bernal defendió el lobby que puedan hacer las personas interesadas en una ley del país, pero criticó la corrupción que puedan propiciar: “Yo creo que la actividad es sana porque es ir y ofrecer los argumentos de una determinada entidad, pero hasta ahí. Aquí traen gente a los debates que nunca se habían presentado, aquí los lobbistas casi operan como senadores”.

Sin embargo, para Ballesteros en esta oportunidad el tema tiene un aspecto mucho más graves: “Parece que la denuncia del senador Bernal tiene que ver con visitas que se hicieron a su oficina. Es una cosa todavía mucho más delicada. Escuché también a la senadora Carlina que igual sucedió con ella. Entonces yo si creo que allí hay una determinación qué tomar de parte de cada uno de ellos y presentar la denuncia respectiva”.

“Yo creo que en la medida en que haya evidencia de lo sucedido, yo pienso que el congresista debe poner la denuncia en los organismos competentes, para que se haga la investigación que amerita; porque de no ser así, pues todo puede quedar en especulación”.

Antitabaquismo

La senadora Toro les pidió a los diferentes sectores del Congreso que se unan para promover la aprobación de la ley antitabaquismo, por considerar que esa normatividad es necesaria e histórica para que en el país haya una lucha frontal contra los productores de cigarrilos que producen miles de muertes al año: “Es histórico porque desde hace años se está tratando de aprobar esta ley y no se ha podido y yo creo que en este momento los congresistas debemos ser muy responsables en esta ley tan importante”.

El proyecto de ley “por medio de la cual se establecen políticas públicas para proteger a los menores de edad de los efectos nocivos de los productos del tabaco” fue parcialmente aprobado el jueves.

Los artículos que faltan por ser votados se tramitarán, en su último debate, programado para la próxima sesión plenaria de la cámara alta.

Una vez se apruebe la iniciativa, que también establece “disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana”, deberá pasar a conciliación, debido a los cambios en los textos introducidos en Cámara y Senado.

La legisladora vallecaucana dijo que es necesario establecer sanciones estrictas tanto a personas como establecimientos, con el fin de poder proteger la salud de los menores de edad y la población no fumadora.

La senadora Toro manifestó que el proyecto esta encaminado a proteger la salud de los colombianos. Explicó que la norma prohíbe la venta y consumo de cigarrillo en recintos cerrados.

El proyecto de ley también busca regular efectivamente la publicidad, promoción y patrocinio del cigarrillo en Colombia, estableciendo un periodo de cuatro años para sustituir a las empresas de cigarrillos que patrocinan las diferentes actividades.

Las entidades que respaldan el proyecto, entre ellas la Asociación Colombiana de Cardiología y el Instituto de Cancerología, aseguraron que más de 5 millones de personas a nivel mundial mueren mensualmente por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

La obesidad, problema de salud pública por ley

QUE EL 49% de los adultos y el 15,5 de los niños sufran de obesidad fue una de las principales razones que tuvo en cuenta el Congreso para aprobar ayer un proyecto que declara a esta enfermedad como problema de salud pública en Colombia.

La iniciativa tuvo ayer su último trámite en el Legislativo, cuando la plenaria del Senado aprobó un informe de conciliación. Ahora pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

La nueva norma establecerá políticas de prevención a través de la educación sobre una nutrición sana y actividad física, así como en lo que tiene que ver con la publicidad y etiquetas de los alimentos, pero también en atención por parte del sistema de salud del país.

Este ley tiene entre sus objetivos, en primer lugar, “incentivar la alimentación balanceada y la actividad física desde la niñez, desde los colegios, desde las tiendas escolares, en donde se les pueda ofrecer a los niños una alimentación sana y balanceada, pero que además haya actividad física en el sistema de educación que sea dada por personal idóneo”.

Además, se va a incentivar la actividad física en los espacios abiertos y en las empresas para que pueda participar el grueso de la población, explicó en diálogo con EL NUEVO SIGLO la senadora Dilian Francisca Toro, quien fue la ponente del proyecto en Senado.

La ley que establece la obesidad como problema de salud pública también dispone regulaciones en lo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos. En consecuencia, las etiquetas en adelante deben informar sobre los ingredientes y el contenido calórico de los mismos para que la gente sepa de qué forma se está alimentando.

En lo que tiene que ver con la atención de la obesidad desde el punto de vista médico, la senadora Toro explicó que cuando una persona es dictaminada con obesidad mórbida, le corresponde a las EPS y ARS ocuparse de estos casos. “Ya se incluyó por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud algunos tratamientos en el POS cuando se trate de una obesidad mórbida”.

Esta ley considera a la obesidad como causa directa de enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras, las cuales aumentan considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos.

En cuidados intensivos ley de víctimas

Mientras se esperaba que ayer fuera votada la totalidad del articulado de la iniciativa, apenas fueron evacuados los dos primeros artículos de 160

POR CUARTA vez en apenas dos semanas fue aplazado el proyecto de ley que busca reparar a las víctimas del conflicto armado. Ayer, en el debate en la plenaria de la Cámara, se aprobó en medio de una gran discusión la ponencia que serviría de base para la votación del texto de la iniciativa.

A pesar de la fuerte oposición que hizo el representante a la Cámara Guillermo Rivera, la plenaria aprobó la ponencia del senador Jorge Humberto Mantilla, que venía de la Comisión Primera de Cámara, y en la cual el Gobierno modificó sustancialmente el proyecto original que había sido radicado por el Partido Liberal.

Sobre esta ponencia, la Corporación aprobó los dos primeros artículos, el que se refiere a la presunción de inocencia para las víctimas y el que tiene que ver con la igualdad de las víctimas.

71 congresistas votaron a favor del artículo uno, mientras que 17 votaron en contra. Este artículo, como está en el texto de la ponencia mayoritaria de la coalición del Gobierno, contempla la prueba sumaria y la acreditación en un banco de datos en un tiempo límite de 4 años para poder aspirar a los beneficios, plazo que fue abiertamente debatido por representantes del Partido Liberal y del Polo Democrático.

De hecho, el senador Juan Fernando Cristo, uno de los autores de la iniciativa, ya había criticado este cambio del texto del artículo primero: “El texto del Senado decía textualmente: ‘El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley, solicitando al efecto pruebas sumarias que permitan inferir su calidad de tal’. En el caso de la Cámara de Representantes, le metieron para los efectos de la reparación por vía administrativa: ‘Se presumirá parcialmente esa buena fe’, con lo cual condiciona la buena fe de las víctimas y las hacen de un trámite más engorroso ante las autoridades administrativas”, dijo el congresista liberal.

En cuanto al segundo artículo aprobado, también fue ampliamente debatido ya que la ponencia de Mantilla eliminó la distinción de comunidades más vulnerables que podrían convertirse en víctimas, como los discapacitados, adultos mayores, niños y la comunidad LGTB, al argumentar que constitucionalmente no era viable hacer distinciones o salvedades a la hora de amparar a las víctimas.

No obstante, el parlamentario Samir Silva presentó una proposición que planteaba el archivo de este artículo argumentando que era discriminatorio al no incluir población vulnerable, pero no fue aceptado.

Sin embargo, el debate llegó hasta el segundo artículo ya que el representante Rivera presentó 75 nuevas proposiciones por no haber sido aprobada su ponencia, por lo que el presidente de la Cámara, Germán Varón Cotrino, decidió crear una subcomisión para que conciliara con el parlamentario liberal.

Varón Cotrino anunció además que debido a que se agota el tiempo para que sea aprobado este proyecto, convocarán sesiones para mañana y el próximo lunes festivo.

Principio de oportunidad

Por otro lado, mientras la subcomisión se reunía para conciliar, se empezó a debatir el proyecto de ley del principio de oportunidad, que le da facultades a la Fiscalía para dejar en libertad a cerca de 19 mil desmovilizados de los grupos al margen de la ley.

El representante Wilson Borja intervino y aseguró que la coalición del Gobierno, mientras quiere dejar a un lado la reparación a las víctimas, por el otro quiere darle beneficios a los victimarios con la iniciativa del principio de oportunidad.

Como este proyecto es de iniciativa del fiscal Mario Iguarán, Borja aseguró que el funcionario es un “fiscal de bolsillo”, por lo que Iguarán, presente en el debate en la plenaria, respondió de inmediato: “Espero que usted no diga, el día que la Corte Suprema quizás ordene su captura, que es una Corte de bolsillo o asolapada porque no le avisó (...) como creo que podría ordenarla por lo que vi en el texto y dentro de los contextos en el computador de Raúl Reyes”.

Se hundiría ley de reparación a víctimas

CERO Y van tres las sesiones en la plenaria de la Cámara en las que por falta de quórum queda aplazado el proyecto de ley que busca la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Sin embargo, uno de sus autores, el senador liberal Juan Fernando Cristo, aseguró que son tantas las diferencias entre el texto aprobado por el Senado y el modificado en la Cámara, que será casi imposible una conciliación, por lo que será hundida la iniciativa.

Aparte del tema de la reparación a víctimas de agentes del Estado, Cristo manifestó en la plenaria de la corporación otros aspectos que han alejado el texto aprobado en el Senado del que salió de Cámara:

“El texto del Senado decía textualmente: ‘el Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley, solicitando al efecto pruebas sumarias que permitan inferir su calidad de tal’. En el caso de la Cámara de Representantes, le metieron para los efectos de la reparación por vía administrativa ‘No se presumirá esa buena fe’, con lo cual condiciona la buena fe de las víctimas y las hacen de un trámite más engorroso ante las autoridades administrativas”, dijo el congresista liberal.

Además, el legislador aseguró que en el texto del Senado un artículo fue conciliado con el ministro del Interior de la época, Carlos Holguín, y “por sugerencia de él incluimos este texto que decía: ‘Con el objeto de proteger el erario público, el Estado diseñará un sistema de verificación y seguimiento posterior a las medidas de reparación ofrecidas’, para de alguna manera tranquilizar al Gobierno en el tema fiscal. Pero resulta que en la ponencia que trae el representante Mantilla a la plenaria de la Cámara dice: ‘El Gobierno nacional diseñará un sistema de acreditación y control de víctimas’, no el Estado sino el Gobierno”.

“Y como beneficiarios de eventuales reparaciones a efectos de acceder a las medidas que se refiere la presente ley, las víctimas definidas en el artículo noveno deberán registrarse conforme a los requisitos definidos en dicho sistema”, afirmó Cristo.

Principio de oportunidad tiene dividida la Cámara

Congresistas del Polo Democrático, del Partido Liberal y algunos uribistas votarán negativamente la iniciativa en su totalidad o parcialmente

EL PROYECTO de ley que podría dejar en libertad cerca de 20 mil desmovilizados de las autodefensas, está enlodado en la plenaria de la Cámara de Representantes en su último debate.

La iniciativa, que hace parte de los proyectos radicados por el Gobierno para descongestionar la justicia, tiene divididos a los representantes en la Cámara.

El Polo Democrático y el Partido Liberal dijeron que no apoyarán la iniciativa, y algunos parlamentarios de la coalición del Gobierno anunciaron que darán su voto negativo parcial, y algunos independientes condicionaron su voto.

“Es un proyecto de autoría de la Fiscalía General de la Nación que nosotros vamos acompañar siempre y cuando la responsabilidad política en la toma de las determinaciones únicamente y exclusivamente recaiga sobre el fiscal general que nombre fiscales delegados o especializados”, dijo el representante David Luna.

Por su parte, el parlamentario del Polo Germán Navas Talero dijo: “Es una herramienta muy peligrosa para entregárselo al fiscal y que terminará beneficiando a los delincuentes que han violado derechos humanos y han cometido genocidios. No comparto ese principio de oportunidad. El señor fiscal está muy interesado en ese proyecto para perdonar a 19 mil delincuentes”.

Sin embargo, uno de los ponentes de la iniciativa, el representante a la Cámara William Vélez defendió el proyecto y predijo que éste no tendrá mayores problemas para que se aprobado en la corporación.

“Falta su último debate, y creo que hay buen ambiente para ser aprobado”, dijo Vélez.

Según el congresista del movimiento Colombia Democrática, la iniciativa busca crear una herramienta jurídica para que el fiscal busque solucionar la situación jurídica a favor de casi 20 mil desmovilizados que tiene el país, con previa confesión de sus delitos.

Por otro lado, el congresista Roy Barreras se opuso a que sea aprobado un artículo del proyecto de ley: “Ese proyecto incluye un artículo que le permite la utilización también para el narcotráfico, y resulta que a mí me parece que es un riesgo muy grande de que los mafiosos terminen en la impunidad por cuenta de las virtudes del principio de oportunidad. Entonces yo estoy de acuerdo con que se apliquen otros tipos penales a la descongestión de la justicia”.

Sin embargo, el legislador del Partido de la U aseguró que el principio de oportunidad es útil para desmantelar bandas criminales grandes, dándole al fiscal la posibilidad de suspender el juicio del delincuente que delate a sus superiores de la organización criminal.

Qué contempla el principio de oportunidad

El proyecto inicia así: “La Fiscalía General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad”.

El principio se aplicará solamente cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de la libertad cuyo máximo no exceda los seis años, siempre y cuando se haya reparado integralmente a la víctima.

También se podrá aplicar cuando la persona sea entregada en extradición a causa del mismo delito, cuando el acusado colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada, y cuando se comprometa a servir como testigo de cargo contra los demás procesados.

Los integrantes de bandas dedicadas al narcotráfico también se verán beneficiados con el principio de oportunidad, si colaboran con la justicia.

El proyecto de ley contempla que cuando la Fiscalía ha concedido el principio de oportunidad, el entre investigador dará un período de prueba de tres años al beneficiado, exigiéndole unas condiciones, entre las que se encuentran:

Residir en un lugar determinado e informar al fiscal del conocimiento cualquier cambio del mismo, participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas, prestar servicios a favor de instituciones que se dediquen al trabajo social a favor de la comunidad, someterse a un tratamiento médico o psicológico, no poseer o portar armas de fuego, no conducir vehículos automotores, naves o aeronaves, la realización de actividades a favor de la recuperación de las víctimas, la manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le imputa y la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, entre otros.

Según la iniciativa, una vez se cumpla el período de prueba y se haya verificado el cumplimiento de las condiciones, el fiscal ordenará el archivo del proceso del desmovilizado.

Proyecto sobre páramos lleva un año congelado

La iniciativa será debatida inicialmente sin ser consultada con los pueblos indígenas, con el compromiso de que este trámite se surtirá antes de plenaria de Senado

HOY QUE se celebra el Día Mundial del Medioambiente, los páramos del país reciben la buena noticia que un proyecto para su preservación se salvó a última hora de ser archivado por falta de debate en el Congreso.

Por lo menos a ese compromiso llegaron varios integrantes de la Comisión Quinta de Senado con el recientemente posesionado ministro de Ambiente, Carlos Costa, en un desayuno de trabajo que sostuvieron el miércoles de esta semana, para darle por lo menos un debate en las dos semanas que restan de la presente legislatura, que fenece el 20 de este mes, y quede en tránsito para la próxima legislatura, evitando así que se hunda por falta de trámite.

Así lo confirmó el presidente de la Comisión Quinta de Senado, Jesús Puello Chamie. El Legislador explicó que esta iniciativa no ha sido debatida hasta el momento debido a la gran cantidad de proyectos que se han radicado en esta célula congresional. “Ha habido mucho trabajo y también muchos debates de control político”, señaló.

Sin embargo, no fue el único inconveniente para que la iniciativa no haya recibido el primer debate. “El problema grande del proyecto de ley es que requiere de consulta con los pueblos indígenas, y finalmente este tema se ha convertido en una talanquera porque no está suficientemente reglamentado cómo se logra esas audiencias o consultas previas”, dijo a este Diario la senadora Nancy Patricia Gutiérrez.

Sin embargo, añadió, se acordó en una reunión con el Ministerio del Interior y representantes de las comunidades indígenas, dar un primer debate al proyecto con el compromiso de que antes de la plenaria de Senado se realizarán las consultas de rigor.

La iniciativa que la Comisión Quinta de Senado le dará su primer debate, posiblemente la próxima semana, corresponde a dos proyectos que por versar sobre similar tema, la protección de los sistemas de páramos del país, fueron acumulados. Éstos son los números 11 de 2008 Senado y 28 de 2008 Senado, de autoría de la senadora Nancy Patricia Gutiérrez y el Movimiento Mira, en su orden.

Escasa protección

Un estudio de la Contraloría General de la Nación “Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2001-2002”, afirmó que “para el año 2016, el 38% de la población de Colombia afrontará una grave crisis por falta de agua, situación esta que en un par de años afectará a un 70% de la misma población”.

Esta afirmación es especialmente impactante al considerar que los páramos son la principal fuente de agua en Colombia, sin embargo es baja la cobertura que reciben por parte del Estado. “Colombia tiene un poco más del 40 por ciento de los páramos del mundo, y apenas el 14 por ciento de los páramos del país están protegidos, porque hacen parte del sistema de parques o porque fueron decretados zonas de reserva”, explicó la senadora Gutiérrez.

Los páramos del país en la actualidad mantienen procesos de degradación por procesos de ocupación, la adaptación de cultivos agrícolas extensivos, la introducción del sector pecuario, el uso inadecuado de agroquímicos y pesticidas; han causado entre otros impactos, el deterioro de suelos y la contaminación de humedales, señala el proyecto.

Ley de Víctimas, con las horas contadas

PARA LA próxima semana quedó la votación de la Ley de Víctimas en la plenaria de la Cámara, luego de que por fin se comenzara a debatir el miércoles, sin que se avanzara en su aprobación.

Ayer la plenaria se dedicó a otros asuntos pendientes y se estima que el próximo martes pueda retomarse la discusión de los 160 artículos que componen el proyecto de ley al que sólo le falta un debate.

El miércoles sólo se produjo la intervención de los ponentes, los voceros de los partidos y del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia.

Mientras tanto, las víctimas de la violencia, en medio de fotos, murales y carteles alusivos al tema, fueron llevadas por organizaciones y colectivos que agrupan a quienes han sufrido violación de sus derechos por grupos armados al margen de la ley y algunos agentes del Estado.

Cuando por fin, luego de un constante aplazamiento, la plenaria de la Cámara discutió la iniciativa que busca restituir los derechos de los afectados por la violencia en Colombia, la votación fue prorrogada otra semana.

En otras palabras, quedaron sin dirimirse las diferencias que tienen autores, promotores y ponentes con el Gobierno, que esencialmente son dos: la reparación gubernamental a las víctimas de crímenes de Estado y la restitución de los bienes inmuebles a la que tendrían derecho las víctimas.

El miércoles, el representante Guillermo Rivera, ponente del proyecto, criticó la postura del Gobierno de dejarles a las víctimas de agentes estatales solo la vía judicial para acceder a la reparación y la eliminación del deber de garantía por parte del Estado, e insistió en que la restitución no debe limitarse al tema de tierras: “La restitución debe ser la acción del Estado para que las personas a quienes les fueron violados sus derechos vuelvan a quedar en la situación previa a la violación de sus derechos. Si tenían cerdos, gallinas, vacas, les tienen que restituir todo”.

Por su parte, el ministro Valencia destacó los avances del Gobierno en materia de reparación. Recordó que ya hay 228.000 víctimas registradas que comenzarán a hacer parte de un proceso que este mes espera reparar a las primeras 10.000 con un presupuesto de 200.000 millones de pesos.

Con estas cifras el Ministro respondió a la petición de Rivera de derogar el Decreto 1290 que contempla la reparación administrativa de las víctimas, para dejar todo el tema bajo lo contemplado por la Ley de Víctimas.

Valencia también dijo que aunque en el Ejecutivo hay “tolerancia cero con la violación de derechos humanos, cualquiera sea el victimario”, sea éste ilegal o agente estatal, “no podemos aprobar una ley que no se pueda cumplir” por cuenta de cargas fiscales excesivas.

Por falta de quórum se dilata aprobación de ley de Víctimas

CUANDO TODO parecía estaba dado para que la Ley de Víctimas fuera aprobada anoche en la plenaria de la Cámara, se le desarmó el quórum al ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, quien estuvo presente durante toda la sesión.

Al final solo estaban el Partido Liberal, el Polo, que se aponen a este proyecto porque consideran no repara efectivamente a los afectados por parte de los grupos armados ilegales y los agentes del Estado. En cuanto al uribismo, la bancada conservadora era la que se encontraba en mayor número, mientras que las otras colectividades de la coalición uribista fueron diezmadas con el paso del largo debate.

La presidencia de la Cámara citó para hoy con la intención de darle el último debate a la Ley de Víctimas, la cual fue drásticamente modificada en su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara, de acuerdo con la ponencia de Jorge Humberto Mantilla del Partido de la U.

Esta versión modificada del proyecto original radicado por el liberalismo, en cabeza del representante Guillermo Rivera, es la que apoya el Gobierno. “Esta Ley y la ponencia de Jorge Humberto Mantilla, logran mejorar de manera sustancial la atención a las víctimas”, indicó el Ministro del Interior.

Añadió que antes de esta ley, el Gobierno ya está en el proceso de reparar administrativamente a los afectados por los grupos violentos, por medio del Decreto 1290, con lo cual, aseguró, se empieza a saldar una deuda acumulada durante 20 años.

No resistiría examen constitucional

Para el representante por el Partido Liberal, Guillermo Rivera, a cargo de la ponencia minoritaria, la ley aprobada no cumple con las expectativas de las víctimas y va en contravía del proyecto original que presentó el liberalismo.

Hizo en énfasis en la reparación a las víctimas del Estado, que según Valencia Cossio es uno de los aspectos más importantes de la norma porque repara a las víctimas de los grupos delincuenciales pero también a quienes son afectados por parte de los agentes del Estado.

“Obligar a las víctimas de agentes del Estado a que su reparación administrativa sea el resultado de una sentencia judicial es discriminatorio, es violatorio del principio de la igualdad, es violatorio del bloque de constitucionalidad”.

Añadió que esta es una de las razones por las que está seguro que la Ley de Víctimas se caerá cuando sea examinada por la Corte Constitucional.

Asignarán más obligación estatal contra drogadicción

Sin embargo, el Ministro de Protección Social dijo que sólo dos de cada 10 personas que someten a cualquier tratamiento logran recuperarse y que es un tema muy costoso

EN UNA controvertida sesión que se extendió hasta las cuatro de la tarde del día de ayer, la Comisión Primera del Senado aprobó el acto legislativo que reforma la Constitución para prohibir el porte y el consumo de la dosis mínima de sustancias psicoactivas.

La primera controversia que surgió en el recinto fue la proposición que hizo el senador y precandidato presidencial Héctor Helí Rojas, apartándose de la decisión tomada por la bancada liberal de votar en contra el proyecto de ley por ir en contra de la libre elección y determinación de los ciudadanos.

Rojas propuso medidas administrativas para atender a los consumidores de estupefacientes, proposición que fue votada positivamente por la Comisión.

“Si los tratamientos y las medidas son puros administrativos, quiere decir que no habrá tratamientos ni medidas penales o sancionatorias. En síntesis, lo que estamos hablando es de políticas públicas para prevenir el consumo y tratar a los adictos”, explicó el senador liberal.

Además, el legislador celebró que la Comisión Primera adoptara que “los tratamientos y medidas no se pueden imponer sino con previa autorización, consentimiento informado del adicto”.

Según el congresista boyacense ya hay artículos que sancionan el tráfico, el porte de estupefacientes, “pero aquí hay que hacer una ley que diseñe los tratamientos, las medidas administrativas para tratar ese tema”.

La segunda controversia surgió cuando el senador Armando Benedetti se apartó de la voluntad de la bancada uribista de votar positivamente el acto legislativo.

“Es un proyecto que va perseguir a los menores de edad, a los enfermos, y es un Estado que quiere ser papá, quiere gobernar a sus conciudadanos, no dejar que vivan tranquilamente”, argumentó el senador uribista su voto negativo por el proyecto.
De hecho, Benedetti presentó la proposición de archivar la iniciativa, la cual fue negada.

“Si fuera para perseguir a los jíbaros, ya la Ley 745 del 2002 tiene penalizado, lo mismo que para el narcotráfico y para su comercialización; lo demás es maquillaje. El tema terapéutico es una forma de maquillar una prohibición. Encuentro un Estado retardatario y atropellando las libertades y la dignidad”, dijo Benedetti.

Por otro lado, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, dejó un ambiente no muy alentador: “Debemos recordar que cerca de dos de cada 10 personas que se someten a cualquier tratamiento en cualquier sitio del mundo logran tener algún tipo de recuperación. Lo que sí se está planteando es la posibilidad de abrir alternativas de tratamiento que permitan mantener o recuperar o mitigar el impacto del problema; y hay que buscar qué alternativas y qué protocolos se pueden utilizar”.

Según Palacio Betancourt es un tema muy costoso con muy poca efectividad.
“La alternativa es el control social, y lo que hoy (ayer) se ha hecho de lograr incorporar dentro de la Constitución es el tema de la prohibición al porte”, dijo el jefe de la cartera de Salud.

Por su parte, el coordinador de ponentes, el senador Juan Carlos Vélez, aseguró que si hay prohibición para que las personas consuman licor en la vía pública o en los espacios públicos, como ocurre en Bogotá, “por qué no podemos prohibir que lo mismo se haga con los que consumen estupefacientes”.

“Esto debe acarrear sanciones, como por ejemplo pedagógicas, de trabajo social comunitario en ciertos casos. Si una persona está en un parque consumiendo estupefacientes pues lo lleven a un sitio donde conozca o le enseñen cuáles son las consecuencias y daños que puede ocasionar el consumo de estupefacientes”, explicó el senador Vélez. “Al Gobierno ya se le impuso obligaciones en materia de rehabilitación”, agregó.